7 de September de 2011 00:02

La Asamblea, sin una reacción firme

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Sin una posición unificada y solo a través de declaraciones de pasillo. Así reaccionaron sectores no afines al oficialismo frente al decreto de excepción de la Función Judicial.

Ayer, el Pleno de la Asamblea se dedicó a despachar otros temas: la derogatoria para la depuración de la normativa legal y el acuerdo político “que termina con la guerra del banano”. El tercer tema, donde no hubo consenso, fue seleccionar la mesa que analizará el Informe a la Nación de Rafael Correa.

El debate sobre las implicaciones políticas que conlleva el Decreto del Gobierno pasó desapercibido por la Legislatura.

Fuera de él hubo más movimiento. Por ejemplo, el independiente Enrique Herrería dijo que pedirá la destitución del presidente Correa porque no tiene la atribución de incidir en la Función Judicial. Se requiere de 83 votos (son 124 legisladores) para convocar a una Asamblea extraordinaria y pedir la comparecencia del Presidente. Pero la oposición no tiene más de 61 adhesiones.

Otros asambleístas de oposición como Paco Moncayo (Alianza Libertad) y Vicente Taiano (Prian) coincidieron que estos decretos, que tienen el carácter de emergentes, se han convertido en una regla y que así Correa se está acostumbrando a gobernar el país.

Moncayo preguntó: “¿Cuál es la grave conmoción?”. “Si fuese así que declaren excepcionalidad permanente y que vivamos en una dictatura”. Si bien anticipa que no tienen los 63 votos para pedir la revocatoria del Decreto, que es la salida viable que tendría la Asamblea para hacer un contrapeso al Régimen, dijo que “no hacerlo, no debatirlo demostraría adormecimiento”.

Alianza País no encuentra inconvenientes en la decisión del Presidente. Virgilio Hernández dijo que el titular del Consejo de la Judicatura fue quien le pidió al Ejecutivo declarar el estado de excepción. Y que lo mismo hizo Fernando Cordero, luego del 30-S, para que militares se hicieran cargo de la escolta legislativa. Además, señaló que en la consulta popular el pueblo votó a favor de emprender acciones para modernizar la justicia.

Juan Carlos Cassinelli, también defendió la medida. Si se decreta emergencia en Salud, cómo no hacerlo en Justicia, si hay apenas USD 25 millones y se requieren USD 600 .

Andrés Páez (ID) cuestionó que se use ese monto en contrataciones a dedo. “Le darán contratos a la empresa OTI con la cual tanta simpatía tiene Paulo Rodríguez, como se vio cuando dirigió el Registro Civil”.

Punto de vista
María Paula Romo/ Ruptura 25
'No se necesitaba un estado de excepción'

No se necesita un estado de excepción para modernizar la Función Judicial. Las reglas están en la Ley de Contratación. Pero se pueden tomar esas medidas para saltarse la ley y hacer contrataciones directas y ejecutar un presupuesto altísimo. Nos acostumbramos a declararlo en sectores y no en territorios. Si la inminente conmoción es la acumulación de causas, así estamos desde el 2008.

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