En la sesión 347 de la Asamblea se aprobó la Ley de Drogas. Foto. Cortesía Asamblea Nacional
La tesis del Ejecutivo pesó a la hora de votar la denominada Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas. En el documento, aprobado hoy, jueves 1 de septiembre del 2015, la Asamblea dispuso reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y endurecer las sanciones por microtráfico.
“¿Queremos acabar con la droga entre los jóvenes? Habrá que meter preso a los microtraficantes (…) He exigido que haya sanciones más fuertes para los microtraficantes”, dijo el presidente Rafael Correa, en su enlace ciudadano del 5 de septiembre pasado. Y pidió a los legisladores que haya prisión preventiva para los microtraficantes y sentencias superiores al año de cárcel.
Eso se concretó esta mañana. En una disposición reformatoria, se pide que los traficantes de pequeñas dosis (mínima escala) reciban prisión preventiva y penas de entre uno a tres años de cárcel y la mediana escala, de tres a cinco años.
Actualmente, el COIP, en su artículo 220, señala que aquellas personas que porten pequeñas dosis (mínima escala) pueden recibir entre dos a seis meses de prisión. Y la de mediana escala, entre uno y tres años.
La semana pasada, en el bloque de Alianza País se evidenciaron desacuerdos por este tema. Por un lado, había un grupo de legisladores oficialistas que se oponía al endurecimiento de las penas y a la prisión preventiva para los sospechosos que porten cantidades mínimas de narcóticos. Otros, en cambio, apoyaban la tesis del Ejecutivo.
Mauro Andino, por ejemplo, no estaba de acuerdo con endurecer las penas ni establecer prisión preventiva. La semana pasada dijo que los cambios que fijó el Consep y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) son suficientes para combatir la venta de drogas en barrios y colegios.
“La prisión preventiva va a llenar las cárceles del país. Organismos internacionales recomiendan medidas alternativas como el uso del brazalete electrónico. Sería muy útil y se descongestionarían los centros de rehabilitación social”, comentaba Andino hace una semana.
Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, era del grupo que apoyaba la tesis del Ejecutivo.
En esta Ley también se pide trabajar en la prevención desde el ámbito educativo, de salud, laboral, deportivo, cultural, comunicacional y familiar.
En los colegios, por ejemplo, se incrementará en la malla curricular una asignatura que encamine a los adolescentes en una “formación de conciencia social“. Lo mismo ocurrirá con los universitarios. Ellos deberán realizar proyectos y acciones de prevención como requisito previo para su titulación.
En otro artículo se dice que el actual Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) desaparecerá y se creará una Secretaría Técnica, adscrita al Ejecutivo.