Las denuncias entran unas tras otras. Los policías las reciben en varios módulos. En la planta baja de la Policía Judicial (PJ), los relatos son casi similares: robo de celulares, de billeteras, de carteras, piezas de autos. Todos ocurridos en la calle.
Una mujer llenó un formulario y relató cada detalle: a las 20:00 del lunes, su auto que estaba parqueado detrás de un centro comercial, en el norte de Quito, quedó desmantelado. Desconocidos se llevaron el sistema de calefacción, el alternador, el cerebro del vehículo. Perdió USD 5 000.
Otra escena: una mujer fue asaltada el fin de semana. Un hombre le arranchó la cartera y se llevó el dinero de la venta de camarones.
Los relatos son contundentes. Las estadísticas también. Un estudio realizado por la empresa alemana Grupo del Conocimiento (GFK) revela que “Ecuador es el país con el índice más alto de robo callejero, entre cinco países”.
Está por encima de México, Panamá, Venezuela y Colombia, en donde también se indagó.
El informe que la compañía, radicada en el país desde el 2008, levantó entre enero y mayo del 2012, dice que de 2 497 personas encuestadas en Quito y Guayaquil, el 9,7% dijo haber sido asaltada en la calle y con violencia.
Así les asaltaron a los adolescentes Cristian y Lucía. Tres personas amenazaron con un cuchillo en la espalda. Ocurrió el jueves, a las 09:30 en las afueras de la estación norte del trole. Les arrebataron la mochila, celular y dinero.
Una hora en la PJ y las denuncias no paran. Una persona denuncia que ayer le robaron un móvil inteligente en el bus. Con su hijo ocurrió igual. Desconocidos le exigieron comprar dulces y le arrebataron el celular.
En el Juzgado de Contravenciones de la PJ, al día se reciben unas 300 denuncias de robos y asaltos.
El último informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) revela datos que son similares a la investigación de GFK. Las estadísticas dicen que el año pasado, en Quito, la mayoría de atracos a personas ocurrió en la calle: 53,06%.
Pero estos hechos también se registraron dentro de los vehículos (22,42%), viviendas (8,57%), locales comerciales (6,43%), etc.
Según el estudio del Observatorio, entre el 2010 y el 2011 hubo un aumento en los robos y asaltos a personas, en la capital.
De 5 135 denuncias pasaron a 6 121. Es más, estos casos aumentaron en cinco de las ocho administraciones zonales.
Una hora más en la PJ y la sala de espera sigue llena. Otro se quejan. El padre de Cristian y Lucía cuenta que tras el asalto, en la PJ le dijeron que “no había sistema” y los policías les pidieron que regresaran el viernes. Únicamente reportó el robo de dos teléfonos. Se quejó del servicio, pero finalmente presentó la queja.
No todos lo hacen. La Encuesta de victimización y percepción de seguridad 2011 advierte que en Quito, el 82,9% de las víctimas no lo hace. Las razones: desconfianza en la Policía, en la Justicia, etc.
Hace cuatro semanas, el director del INEC, Byron Villacís, habló del 80% y añadió que ese porcentaje corresponde al país.
GFK tienen más revelaciones. Al 0,4% de encuestados le robaron el vehículo con violencia o lo bajaron del automotor para quitárselo. A eso se suma que el 47% de encuestados dijo que fue agredido mientras les asaltaban.
La Policía admite que los asaltos y robos en la vía pública han aumentado. Hace dos meses, la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ) dispuso crear equipos de investigación con uniformados de la PJ y del Departamento de Inteligencia Antidelictiva.
Los agentes montaron operaciones de Inteligencia en zonas del país, consideradas conflictivas. La idea fue filmar y seguir a bandas delictivas que supuestamente se dedican a asaltar y robar en la calle o en los buses.
En una investigación, agentes detuvieron a Ángela Ch. y Édison S. El arresto se produjo a las 12:50 del jueves, en la Plaza Grande (centro de la capital).
Según los uniformados, la mujer arrojaba saliva en la ropa de los transeúntes y él robaba dinero o móviles. Esto ocurría en el momento en que la gente se limpiaba las prendas. En la audiencia de flagrancia, en el Juzgado XXIV de lo Penal de Pichincha se dictó orden de prisión preventiva para Édison S., mientras que Ángela Ch. admitió su responsabilidad y recibió cuatro meses de cárcel.
Los agentes descubrieron que solo en el centro de la ciudad existen 12 organizaciones familiares que se dedican a los asaltos, robos en la calles. Están integradas por al menos 90 personas.
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