La audiencia de vinculación dentro del caso Triple A se instaló la mañana del 9 de abril de 2025, luego de varios intentos fallidos. Esta diligencia se realizó en el Complejo Judicial del Norte, en Quito, bajo la dirección del juez Renán Andrade, quien asumió la causa recientemente.
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En esta etapa del proceso, la FiscalÃa incorporó a 11 nuevos sujetos procesales, entre ellos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y una empresa. La acusación gira sobre el supuesto almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de derivados de petróleo.
La investigación, que se remonta a julio de 2024, ya incluye a cinco personas y cinco empresas procesadas por delitos similares. El fiscal Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, presentó los nuevos elementos de convicción que justificarÃan la participación de los recién vinculados.
Entre ellos figuran cuatro contadores que supuestamente trabajaron con las compañÃas investigadas. Según la FiscalÃa, estas personas habrÃan tenido conocimiento de las supuestas irregularidades en la comercialización del combustible.
Incidentes en la instalación de la audiencia del caso Triple A que vincula a Aquiles Alvarez
Durante la instalación, Aquiles Alvarez se conectó por vÃa telemática y aseguró que su abogado, Diego Córdova, justificó su ausencia. El alcalde pidió que no se le asignara un defensor público y cuestionó la imparcialidad del proceso.
No obstante, el juez Andrade desestimó su solicitud y ordenó que lo representara un abogado de oficio. En consecuencia, el defensor público Iván Montero intervino y afirmó que estaba preparado para asumir la defensa, pues habÃa asistido a las audiencias previas.
El juez también impuso una multa equivalente a dos salarios básicos al abogado de Alvarez por no presentarse. Dispuso que su conducta fuera investigada por el Consejo de la Judicatura. Además, el magistrado rechazó cualquier intento de diferir la audiencia y declaró instalada la diligencia.
Debido a la falta de defensores privados en dos casos, se suspendió temporalmente para que los abogados públicos asignados se reúnan con los nuevos procesados.
Avance del proceso y perfil de los nuevos vinculados
La FiscalÃa sostiene que una de las empresas investigadas, Copedesa, vendió combustible de forma irregular a estaciones en zonas fronterizas y mineras. Una de esas transacciones habrÃa involucrado a Raúl Arnoldo Z. O., uno de los nuevos vinculados.
El combustible distribuido serÃa diésel subsidiado, el cual no está destinado a esos sectores. Las autoridades calculan que estas operaciones habrÃan causado un perjuicio económico al Estado.
En esta etapa, también se procesó a la empresa Harsajudi S. A., señalada como parte de la red de distribución. Las diligencias recientes incluyeron allanamientos en localidades como El Pangui, Cariamanga, Machala, Santa Rosa y Pasaje.
Estas acciones habrÃan arrojado indicios sobre la participación de los nuevos involucrados. La instrucción fiscal contra los primeros procesados sigue en curso desde diciembre de 2024.
