Así está ahora el cuartel policial que sufrió un atentado, el 27 de enero del 2018, en San Lorenzo. Foto: EL COMERCIO
San Lorenzo luce tranquilo. Un año después del atentado terrorista, sus habitantes intentan retomar por completo la rutina que se vivía antes del 27 de enero del año pasado. Esa madrugada, un coche bomba destruyó el cuartel policial, dañó 69 casas, afectó a 345 personas y desató una ola de violencia que se prolongó hasta abril con nuevos ataques, asesinatos y secuestros. Todo fue atribuido a alias ‘Guacho’.
Las actividades en este cantón fronterizo empezaron a normalizarse desde julio del 2018, un mes después de que terminara el estado de excepción, que establecía un toque de queda en San Lorenzo y Eloy Alfaro, dos cantones fronterizos de Esmeraldas. Desde las 22:00, ninguna persona podía movilizarse en esas zonas.
Los vecinos recuerdan que a esa hora sonaba una sirena y la ciudad quedaba desierta.
Hoy, la gente camina hasta después de las 22:00 por las calles, los parques y el malecón.
Las actividades que se realizan alrededor del malecón de San Lorenzo, tras la explosión del coche bomba. Foto: EL COMERCIO
Un reporte de la Cámara de Comercio de San Lorenzo, presidida por Glen Arroyo, dice que tras el ataque los 420 locales de venta de ropa, ferreterías, restaurantes, hoteles, tiendas, abarrotes, boutiques, pescaderías, etc. bajaron sus ventas en más del 60%.
Hoy, bares y restaurantes abren hasta tarde. Igual sucede con las discotecas, aunque sus administradores dicen que todavía no hay asistencia masiva.
Después del atentado, 10 discotecas y dos bares dejaron de atender al público. No podían laborar por seguridad.
Marco Caicedo, propietario de la discoteca Nova, cuenta que cerró su negocio, donde tenía una inversión que superaba los USD 20 000. Desde agosto reanudó la atención, pero aún ve un poco de temor entre los asistentes.
Algo similar ocurrió con el negocio de jugos naturales de Alejandro Mendieta. Durante seis meses dejó de utilizar sus licuadoras, porque no había a quién vender. Debía pagar USD 300 de arriendo cada mes, pero no había ingresos.
El Presidente de la Cámara de Comercio explica que como organización presentó proyectos de reactivación económicas al Gobierno.
Uno fue el fortalecimiento a la producción con créditos blandos a bajos intereses por medio de BanEcuador y otro, el establecimiento de un plan de aseguramiento para pescadores artesanales. Indica que no se han concretado.
Los pobladores piden mayor atención, no solo al sector comercial sino también a los niños. En las 12 unidades educativas de San Lorenzo, ahora se respira más tranquilidad, pero aún hay secuelas en los pequeños. Un niño de ocho años, que estudia en la Unidad Educativa Mariscal Sucre, no termina de reponerse del ataque.
Su barrio está cerca del cuartel afectado de la Policía. Tras la explosión del coche bomba, su familia tuvo que irse a la casa de otros familiares. Observar a policías y militares en las calles le producía temor. No quería regresar a la escuela.
La Unidad Educativa Mariscal Sucre es la más antigua de San Lorenzo. Ahí estudian 940 niños y sus maestros advierten que permanentemente piden que ante una emergencia se mantenga la calma.
Medardo Chuquizala, rector de la Unidad 10 de Agosto, organizó a los maestros y puso en marcha un plan para saber cómo reaccionar ante una alerta de bomba. También motivaron a los alumnos. Una estrategia del Distrito de Educación fue precisamente instruir a los docentes para que envíen mensajes en ese sentido.
La Iglesia lo sigue haciendo en las homilías y la catequesis.
El párroco de San Lorenzo, Félix Cabascango, habla de paz y que se prevenga la violencia.
Con esa intención, instituciones como la Fiscalía reforzaron las seguridades.
En el Hospital Divina Providencia se mejoró la atención especializada, como en traumatología y ortopedia.