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Amnistía Internacional pide a Gobierno ecuatoriano ‘rendir cuentas’ por las matanzas en prisiones

La violencia se registró en cuatro centros penitenciarios del Ecuador. Al menos 79 privados de libertad perdieron la vida el martes 23 de febrero del 2021. Foto: Glenda Goacometti / EL COMERCIO

La violencia se registró en cuatro centros penitenciarios del Ecuador. Al menos 79 privados de libertad perdieron la vida el martes 23 de febrero del 2021. Foto: Glenda Goacometti / EL COMERCIO

La violencia se registró en cuatro centros penitenciarios del Ecuador. Al menos 79 privados de libertad perdieron la vida el martes 23 de febrero del 2021. Foto: Glenda Goacometti / EL COMERCIO

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno ecuatoriano que “rinda cuentas” por las consecuencias de los sangrientos enfrentamientos registrados en varias cárceles del país porque “no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos solo a disputas entre organizaciones delictivas”.

“La violencia registrada, cuyas causas y actores deben determinarse judicialmente, se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios del Ecuador“, dice un comunicado de la organización publicado en su página web, este miércoles 24 de febrero del 2021.

Y agrega que entre esos problemas está “el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria”.

Al menos 79 reclusos murieron en la ola de disturbios el martes 23 de febrero del 2021 en cuatro centros penitenciarios del país, que las autoridades han atribuido a una rivalidad entre bandas criminales posiblemente relacionadas con el narcotráfico.

Así lo afirmó también este miércoles el presidente Lenín Moreno en su primera manifestación sobre el tema, en el que aludió al crimen organizado transnacional y al narcotráfico.

Pero Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, considera que las autoridades ecuatorianas “deben rendir cuentas de lo ocurrido” y “la Fiscalía General del Estado investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, con la debida diligencia, a fin de determinar las responsabilidades penales individuales, si las hubiere, y civiles, según corresponda”.

Además, insta en la nota de prensa a que “se determinen judicialmente las causas y actores”, y recuerda que “de acuerdo con el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Edmundo Moncayo, alrededor de 800 servidores policiales intervinieron en el control de la violencia en los centros de privación de la libertad”.

“Las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos solo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad”, concluye el comunicado.