Organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador alertaron este viernes sobre los desplazamientos forzados de familias del noroeste de Guayaquil, impulsados por el aumento de la violencia criminal. Exigieron al Gobierno que reconozca esta realidad y actúe para proteger a las personas afectadas.
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Grupos sociales, junto con fundaciones, iglesias, agencias de cooperación, universidades y empresas, conformaron la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo en Guayaquil.
En conjunto expresaron su preocupación por la “creciente crisis humanitaria” en esa zona de la ciudad, donde muchas familias han huido por la violencia o permanecen encerradas sin poder salir.
“Desde 2019 hemos visto cómo la inseguridad ha aumentado y ha afectado gravemente a las comunidades. La falta de un enfoque integral en las respuestas estatales ha dejado a muchas familias en situación de vulnerabilidad”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Los casos más recientes ocurrieron en Socio Vivienda, escenario de una masacre el 6 de marzo en la que murieron 22 personas, en medio de enfrentamientos entre facciones de la banda criminal Los Tiguerones, según la Policía.
Familias que huyen por la violencia
Tras estos hechos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) documentó que al menos 15 familias abandonaron sus hogares de manera repentina e involuntaria para proteger sus vidas.
Otras 26 personas permanecen encerradas por temor a que bandas criminales se apoderen de sus viviendas una vez que salgan. “El miedo a ser despojados ha frenado su salida”, explicó el CDH en un informe.
Los grupos sociales advirtieron que aunque el reporte se enfoca en la primera etapa de Socio Vivienda, ya identificaron una situación aún más grave en Socio Vivienda 2.
Indicaron que muchas personas han salido de la zona para preservar su vida, ya que las bandas criminales dominan el sector y obligan a las familias a abandonar sus hogares mediante amenazas y extorsiones. Luego, utilizan esas viviendas como centros de operaciones o para esconder armas, drogas e incluso personas secuestradas.
El CDH constató que muchas familias huyeron de forma separada, lo que provocó la separación de padres, madres e hijos, y la dispersión de otros parientes que buscaron refugio en diferentes lugares.
“Varias familias no saben si podrán recuperar sus hogares o regresar en condiciones seguras. Además, han perdido sus medios de vida, lo que las deja en una situación económica crítica y con pocas opciones de recuperarse pronto”, alertó la organización.
Protección para los afectados
Los grupos sociales también reclamaron que el Gobierno active medidas de protección y brinde garantías para la seguridad de las familias desplazadas.
Pidieron a la Alcaldía de Guayaquil habilitar albergues y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) colaborar con el Estado ecuatoriano para enfrentar esta crisis de forma efectiva y sostenible.
Guayaquil continúa bajo estado de excepción, uno de varios decretados por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado. A inicios de 2024, Noboa declaró que el país se encuentra en “conflicto armado interno” y anunció una “guerra” contra estas organizaciones.
Las bandas criminales lideran la ola de violencia que convirtió a Ecuador en el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina en 2023. Y 2025 ya se perfila como el año más violento registrado, con un promedio de un asesinato por hora.
