Desde este 18 de mayo rigen, en tres cantones de Guayas, siete reglas de la buena imagen de los agentes. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO
Los videos y fotos fueron captados en dos ciudades. En una escena, un policía ebrio camina tambaleándose y se arrima en una pared. En otra, dos agentes toman cervezas en un centro de diversión nocturna junto a una trabajadora sexual…
Estas imágenes llegaron a la Policía, que recopila denuncias similares. Por ejemplo, el año pasado, 47 policías de Quito y Guayaquil quedaron bajo tratamiento en centros de adicciones por licor y drogas. Desde enero del 2013 hasta junio del año pasado, 62 uniformados quedaron detenidos por conducir en estado de embriaguez.
El número de agentes que se relaciona con algún problema de alcohol y droga es mínimo frente a los 46 000 gendarmes que operan a escala nacional.
Sin embargo, es una de las preocupaciones en la Policía. De hecho, desde este 18 de mayo en los cuarteles de Guayaquil, Durán y Samborondón rigen las sanciones para quienes incumplan las siete reglas anunciadas la semana pasada “para mejorar la imagen” institucional.
Una de esas medidas es precisamente la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y narcóticos en horas de trabajo y también para el personal que está en descanso.
El Ministerio del Interior ha admitido que existen “problemas de consumo de licor”. Por eso, desde el año pasado se realizaron evaluaciones médicas y toxicológicas a los agentes.
Los primeros en someterse a este procedimiento llegaron al laboratorio de toxicología que opera en Asuntos Internos (AI), el departamento que analiza la conducta policial.
Los policías, que llegaron con sus uniformes, entregaron las muestras de orina para determinar si consumen o no drogas.
Juan Carlos Barragán es el general que está al frente de AI desde el 2014, y el 15 de mayo decía que con las pruebas médicas y toxicológicas se busca reducir el consumo de estas sustancias entre los gendarmes.
En las oficinas de AI se guarda un registro detallado de las investigaciones realizadas, por ejemplo, al personal que causó accidentes por embriaguez. Un caso fue el de un policía que impactó su vehículo contra un taxi en Tulcán (Carchi).
El chofer del carro amarillo resultó ileso porque llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que el agente resultó con pequeños golpes. El conductor del taxi recordó que el gendarme llevaba puesto el uniforme cuando ocurrió el siniestro.
También consta el de un agente que fue interceptado por un patrullero mientras manejaba su carro particular en estado etílico. Eso ocurrió en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito. Los compañeros que lo ayudaron lo sacaron de detrás del volante y lo dejaron en el asiento posterior. Otro policía manejó el auto y se alejó escoltado por ese patrullero y una moto.
Tras este hecho, el ministro José Serrano pidió una indagación.
Otro fue el caso de un gendarme que estaba borracho y conducía su carro sin respetar las señales del semáforo en la av. América, también en el norte.
Vecinos se acercaron a reclamarle por conducir en ese estado y él les dijo que estaba consciente de que había tomado. Todos estos casos, que se arrastran desde el 2013, constan en el departamento que dirige el general Barragán.
Los estudios levantados por Asuntos Internos muestran que las causas del consumo de alcohol del personal de la institución son problemas económicos, estrés laboral, depresión, conflictos sentimentales como secuela de problemas en el hogar y alejamiento de la familia.
Este último hecho todavía se da. Es decir, los efectivos dejan sus ciudades de origen para trabajar en lugares alejados.
Eso ocurre pese a que, tras la insubordinación del 30 de septiembre del 2010, ya se habló de la posibilidad de regular el tema de acuerdo con las “necesidades operativas, humanitarias y de seguridad y no por castigos”.
El Centro de Análisis de Conducta Policial también analizó el tema y detalló las secuelas.
Una de ellas es la violencia intrafamiliar. Y se detectó que entre enero del 2013 y julio del 2014 hubo 584 denuncias contra gendarmes que habrían agredido a sus parejas. Por eso, el Ministerio del Interior comenzó una campaña para evaluarlos y someterlos a tratamientos psicológicos.
Por ejemplo, se prevé terapias de relajación, problemática o análisis jurídico de la violencia intrafamiliar.
