Cerca de 40 personas se congregaron en los exteriores de la Unidad Judicial Penal de Chimborazo, una provincia andina del Ecuador, el martes 31 de marzo de 2015.
Con carteles y consignas, ellos protestaron por la decisión tomada por el tribunal penal de autorizar la salida bajo fianza de una mujer investigada por una supuesta estafa masiva.
Los protestantes aseguran haber entregado dinero en efectivo a dos empresas que presuntamente se dedicaban al alquiler de maquinarias y vehículos a las empresas petroleras que operan en el país. Según sus versiones, el dinero se usaba para la importación de motosoldadoras, también entregaban maquinarias y vehículos.
A cambio, la gente recibía pensiones que variaban entre los USD 1 000 y 1 500. Sin embargo, según las investigaciones preliminares de la Fiscalía de Chimborazo, no hay documentos que prueban que esas compras se efectuaron.
Dos petroleras negaron vínculos con las dos empresas y en seis allanamientos se incautaron USD 38 millones en activos que aún no han sido justificados.
“Investigamos a los procesados por varios delitos, lavado de activos, enriquecimiento privado ilícito y estafa”, informó George Sotomayor, fiscal a cargo del caso.
Él presentará todas las pruebas recopiladas durante el proceso de instrucción fiscal el próximo 14 de abril del 2015, en el juicio del caso. Según datos de la Fiscalía, habría al menos 5 300 personas afectadas en todo el país.
Uno de ellos es Fabián M., de Latacunga. Él y su esposa fueron convencidos por un ‘enganchador’, que les prometió que se trataba de una inversión legal. Ellos visitaron la oficina de la empresa situada en el ingreso de Ambato para entregar USD 15 500 que obtuvieron a través de un préstamo.
“Me mostraron contratos y un certificado de propiedad, pero nunca vi la motosoldadora. Recibí la pensión por cuatro meses y luego nos dimos cuenta que se trataba de una estafa”, contó el joven mientras sostenía un cartel en que pedía justicia.