Los familiares buscan a Manuel Chasiquiza, de 14 años. Desapareció el 4 de mayo. Foto: Diego Pallero / El Comercio
Los casos se registran como “desapariciones voluntarias”. A pesar del riesgo al contagio por covid-19, los menores dejan sus hogares porque son
víctimas de maltratos, por consumo de alcohol o porque los chicos estaban involucrados con las drogas desde antes de que empezara la cuarentena, indica la Dinapen (Policía Especializada en Niños y Adolescentes).
Hace dos semanas, los padres de Martha, de 15 años, emprendieron su búsqueda en el sur de Quito. Recorrieron los sitios que ella frecuentaba antes del confinamiento, pero no la hallaron. Dos días después de reportar su desaparición recibieron la llamada de una amiga de su hija. “Ella está en mi casa”, les dijo.
Cuando fueron a recogerla, la adolescente lloró y contó que consumía drogas en secreto. Les dijo que se sentía extraña, ansiosa y que no podía inhalar cocaína porque le daba miedo ser sorprendida dentro de su casa, ubicada en Solanda, en el sur de la urbe.
El coronel Javier Morales es el jefe nacional Dinapen. Dice que desde el 17 de marzo hasta el 13 de mayo se reportaron 87 desapariciones voluntarias de menores de edad en el país. 77 casos ya fueron resueltos. Estas denuncias se concentran en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El número es menor en comparación con el mismo periodo del año anterior. El 2019 hubo 757 casos. El oficial cree que uno de los factores para la reducción es por un mayor control de los padres al estar juntos por mayor tiempo.
Los agentes han entrevistado a los adolescentes para saber las razones que pesaron para haber abandonado sus casas en medio de la pandemia.
En primer lugar se ubicó el consumo de alcohol y drogas. “Al tener vigilancia de los padres, tratan de evadirlos ausentándose de la casa”, dice Morales.
Otro de los factores es la necesidad de estar con sus parejas sentimentales.
Ese fue el caso de Carlos, de 14 años, quien dejó su casa en el sector de San Carlos para vivir con su novia en el Comité del Pueblo, en el norte. El adolescente apagó su celular. Al no tener noticias del muchacho, la mamá llamó al ECU-911 para reportarlo como desaparecido. La investigación terminó cuando los padres de la enamorada se comunicaron con ella y entregaron al chico.
Los 700 agentes que pertenecen a la Dinapen están activos en la emergencia para rastrear a los menores. Cuando desaparecen, el protocolo indica que primero deben escudriñar sus redes sociales; revisar sus contactos frecuentes y hablar con amigos para conocer cuáles eran sus actividades y dar con su paradero en las primeras 72 horas. Pese a estos esfuerzos, la Policía todavía no conoce el paradero de 10 menores.
Uno de estos casos se difundió por redes sociales. Se trató de Manuel Alejandro Chasiquiza Unaucho, de 14 años. La última vez que su familia lo vio fue el 4 de mayo, cuando salió de casa. El sector donde ocurrió esto es Los Dos Puentes, en el Centro de Quito.
Marcelo, hermano mayor de Manuel, cuenta que el adolescente cursaba el noveno año de básica en la Unidad Educativa 11 de Marzo. “Le gusta jugar videojuegos y tras hacer los deberes se dedicaba a eso”. Es el último de cinco hermanos. Su mamá es fallecida y Manuel era muy apegado a su hermano mayor.
En el momento de su desaparición, Manuel vestía una camiseta y gorra rojas, pantalón jean y zapatillas negras. “Manuel, recuerda que estamos aquí esperándote…”, dice otro de sus allegados.
Para la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Sybel Martínez, las desapariciones voluntarias también esconden un tema de maltrato intrafamiliar. Los menores deciden huir al estar confinados con los agresores en la misma casa. Los datos que maneja la institución indican que en el primer mes de la emergencia se reportaron 677 tipos de agresión dentro de los hogares. De esos, la mitad se relacionan con delitos sexuales. El Consejo de Protección de Derechos advierte que en lo que va de la cuarentena, 11 adolescentes se han suicidado en el país.
La Dinapen lleva a cabo la campaña Convivencia Sin Violencia, que busca crear ambientes de paz. También se han realizado estrategias como visitas puerta a puerta en lugares considerados problemáticos. Ahí se educa a los miembros de las familias sobre los derechos que tienen los menores. En algunos casos, se utiliza a la mascota institucional, Paquito Policía, para hacer un acercamiento con los menores.