A don Abraham Cerbone ya nada le sorprende. Está a cargo de la morgue, sin más instrumentos que un viejo bisturí, hilo y una bombona con insecticida. Es el responsable de practicar las autopsias desde 1993.El sepulturero del cementerio de Nueva Loja, en la cálida Sucumbíos, ya se ha acostumbrado a recibir muertos por disparos de armas de fuego. No tienen nombre ni nadie que reclame sus cuerpos. Ha enterrado a 200 NN, víctimas de los ajustes de cuentas, en un escenario donde interactúan guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Aquella violencia ha sido documentada: 952 ejecuciones extrajudiciales en Sucumbíos, del 2000 al 2009, según la Comisión de la Verdad. Pero el silencio ronda esos crímenes, así como la impunidad. Y la guerra de los narcos solo ha sido un buen pretexto. La revelación de la Comisión sobre los posibles excesos de políticos, religiosos y uniformados, en la junta de seguridad de una localidad del interior, causa escalofrío. La invitación al Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales para que visite Ecuador (traído por el Régimen) y analice abusos es un buen síntoma. Sus conclusiones serán vitales. Mas, para que la Fiscalía actúe (769 muertes no se indagan) o para que se instale una morgue digna (en la zona hay 91 homicidios por cada 100 000 habitantes -Ecuador tiene 18 por cada 100 000-) o para montar una campaña oficial creativa de respeto a la vida, no hace falta un experto sino una decisión de Estado.