La angustiosa espera llegó a su fin en la función judicial de Azuay. Hoy, más de 60 funcionarios que no alcanzaron los 70 puntos en la evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), en noviembre pasado, fueron notificados para los despidos.
En la mañana se vivieron momentos de tensión, llanto, inconformidad y molestia entre los funcionarios que laboran en la Corte de Justicia, ubicada en el sector del estadio, en la parte baja de la ciudad. La mayoría no se desprendía de la computadora para revisar sus e-mails.
Todos estaban atentos a la computadora y cada cinco minutos revisaban sus e-mails. Los rostros tristes solo confirmaban las notificaciones. “Hemos vivido tres meses de angustia de saber que nos quedaremos desempleados. Ya era justo que termine por nuestra propia salud”, dijo el secretario de un juez.
Quienes fueron notificados, dedicaron la tarde a redactar los documentos para solicitar la recalificación de los exámenes. “No fue justo. Esto es incómodo para todos. Nos deja un sabor agridulce porque hay compañeros, buenos funcionarios, y no merecen salir”, dijo otro secretario que obtuvo 76.9.
En la función judicial laboran alrededor de 280 funcionarios. Según Jorge Avilés, presidente de los servidores judiciales, el 80% de los notificados son secretarios, ayudantes judiciales y amanuenses. Él es otro de los que está en la lista para los despidos. Obtuvo la calificación de 67.61.
Pero según él, hay un error porque no le han calificado la productividad. Por eso, también se acogerá a la recalificación. Él también anunció que como Asociación interpondrán un reclamo formal ante el CJT. Según él, estuvieron confiados porque Cuenca ha sido reconocida públicamente por el Gobierno y autoridades del CJT como un ejemplo de administración de justicia transparente.
No tenemos juicios represados ni presos sin sentencias. Somos personas idóneas, con probidad, experiencia y formación, insistió Avilés. Hasta la tarde de ayer, el presidente de la Corte Provincial de Justicia, José Orellana, no conocía el número de funcionarios notificados que podrían dejar sus cargos. Pero insistió que todos están en el derecho (hasta dos días después de ser notificados por escrito) de pedir la recalificación, si lo amerita.