7 de July de 2012 00:03

El 56% de centros para tratamiento de las drogas opera sin permisos

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Desde la ventolera de la habitación se observaba cómo la joven era obligada a desvestirse y a bañarse en agua fría en el patio del centro de recuperación de adicciones, en Guayas. Al frente, un hombre la recriminaba por incumplir las normas del sitio.

“Ella tuvo una relación afectiva con otro interno del centro y la castigaron con violencia e insultos”, relata Marcelo G. (nombre protegido), quien estuvo allí cuatro meses y presenció los castigos a los que sus compañeros fueron sometidos. Él vivió en una habitación de 3 x 3 metros junto a 22 personas que tenían problemas de dependencia a las drogas.

En ese tiempo, durmió en una esponja colocada sobre el piso junto a unas literas. De la habitación apenas salía para comer, ir al baño y hablar con el psicólogo.

“El especialista iba solo una vez al mes porque no le pagaban, la comida era mala. Desconozco si ese centro era legal; sin embargo, ¿cómo se pretende rehabilitar a las personas con adicciones? De esa forma imposible”, cuestionó.

A escala nacional, el número de centros de rehabilitación no autorizados es superior a los que sí poseen los permisos de funcionamiento, según el Plan de Prevención Integral de Drogas 2011- 2013 del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

El documento refiere que el 56% (178) de centros no tiene autorización y solo el 39% (122) cuenta con permisos.

A eso se suma que el Estado apenas tiene cinco sitios especializados y solo hay 10 unidades públicas de tratamiento ambulatorio.

La falta de centros de rehabilitación de adicciones se produce en medio de un crecimiento acelerado en el consumo de drogas en el país. Según los estudios realizados por el Consep, “alrededor de 22 603 personas requerirían tratamiento por alcohol, marihuana, cocaína y/o pasta base”.

Pero los centros privados solo tienen capacidad para atender 4 141 solicitudes. “Esto implica que apenas se cubre aproximadamente el 18% de la necesidad de tratamiento a escala nacional”, dice el Plan de prevención. En el caso de personas que necesitan tratamiento por consumo de alcohol y pasta base, la atención no supera el 50%. En cuanto a consumidores de marihuana, únicamente el 2% de esa población es atendida en el país.

Respecto al consumo de alcohol, el Consep informa que un 8,2% de personas ha presentado las solicitudes de tratamiento. En marihuana fue el 0,4%, cocaína el 1,5% y pasta base el 29,1%.

Frente a la falta de centros de tratamiento en el país, la prioridad del Consep es implementar 16 nuevos centros públicos a través del Programa Nacional de Atención, Tratamiento y Recuperación. El Régimen tiene previsto invertir USD 27 956 937 hasta el 2013 en este tema.

Marcelo G. se escapó del centro de rehabilitación. Sus padres pagaron cerca de USD 1 000 mensuales para tratarlo. Tras permanecer cinco meses allí retornó a Quito. Se propuso abandonar el consumo de pastillas, alcohol y cocaína. Dice que ya no lo hace desde hace cinco años.

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Una experiencia similar vivió Julio M., de 22 años, quien comenzó a consumir droga desde que tenía 16 años.

Desde otro sitio de recuperación relata que es la primera vez que se interna en un centro para dependientes. Él aspira a superar su adicción en un lugar autorizado por las autoridades.

Para Lorena Núñez, directora del Centro de Rehabilitación Dejando Huella, la carencia de sitios especializados para tratar los problemas de adicciones provoca que aparezcan sitios clandestinos sin garantías para los pacientes.

“Una familia de escasos recursos que no tiene la posibilidad de pagar un sitio legal solo tiene como opción acudir a un centro (clandestino), donde le van a pedir USD 200 y dos quintales de arroz”, señala. A eso se suma que, según Núñez, los centros ilegales no son reportados ante el Ministerio de Salud. “¿Cómo pretenden las autoridades terminar con los centros ilegales, cuando desconocen dónde se encuentran?”.

“Ese es un problema, porque las exigencias y controles solo recaen sobre los centros autorizados”.

Para enfrentar la presencia de sitios no autorizados, el Gobierno ha realizado operativos de control a escala nacional. La noche del jueves 5 de enero del 2012, personal de los ministerios de Justicia, Salud y del Interior clausuraron -junto a la Policía- un centro, que al parecer no tenía permiso, en el valle de Los Chillos.

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Según las autoridades, los pacientes denunciaron que fueron víctimas de abusos y malos tratos de algunos de los terapistas y de los guardias. Relataron que esas personas les propinaban ‘planchazos’ (golpes con un machete), patadas e insultos.

La falta de sitios especializados para atender a las personas dependientes ocurre en medio del debate por el Proyecto de Código Penal en la Asamblea.

Este plantea el porte máximo de determinadas cantidades de droga para los consumidores. Así, estos podrán llevar marihuana o hachís hasta 10 gramos, pasta base de cocaína, 2 gramos; clorhidrato de cocaína, un gramo; heroína hasta 0,1 gramos, metilfeniletilamina 0,015 gramos, anfetaminas 0,040 gramos.

Sin embargo, el Código no trata sobre las posibles estrategias que, de aprobarse la Ley, utilizaría el Gobierno para suministrar las cantidades de droga requeridas por el consumidor. Tampoco contempla el tema de los centros de tratamiento de adicciones.

Lo que ha expedido el Ministerio de Salud Pública es el Acuerdo Interministerial número 767. En este se establecen las nuevas exigencias para regular y controlar el funcionamiento de los centros de tratamiento. Por ejemplo, este prohíbe la creación de lugares donde se rehabiliten hombres y mujeres (mixtos), tampoco podrán convivir adultos y adolescentes, utilizar literas...

Otros centros cerrados   

En marzo del 2012,     tres sitios de  rehabilitación  fueron cerrados en Tungurahua. Según las autoridades policiales, uno de ellos tenía capacidad para nueve pacientes pero albergaba a 30.   

En otro centro fueron encontradas 35 personas, hombres y mujeres, en el mismo lugar. Según el Ministerio de Salud, en ese sitio había hacinamiento.  

El tercer centro ,  según las autoridades, no contaba con  una cantidad suficiente de  profesionales  para atender a los internos como un psicólogo, psiquiatras, enfermeras, etc.


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