54 centros de rehabilitación no tienen permisos para funcionar

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Simón P. habla despacio, casi susurrando. El hombre, de 62 años, cojea. Se muestra distraído. Permanece de pie en la esquina de un pequeño patio de cemento.En ese lugar, hace 12 años, opera un centro de rehabilitación de adicciones. Está en un sector apartado de Durán, apenas visible al final de una calle de tierra.

Sobre una pared de color amarillo se anuncia que allí funciona un centro de rehabilitación.

Simón P. llegó a este centro en febrero pasado, llevado por unos hermanos del Evangelio que le ofrecieron allí alojamiento y comida. Pero, pronto empezó a molestarle el maltrato que -aseguró- soportaba en el lugar. “Me tratan mal, no me agrada estar aquí. Yo tengo dolores por los golpes que me dieron. Aquí no hay médico, ni psicólogo”, relató.

Desde finales del mes pasado, las autoridades del Ministerio de Salud, Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas (Consep) y de la Policía Especializada en Niñez llegaron hasta el centro para verificar las condiciones en la que operaba. El operativo sorprendió a los 56 pacientes que escuchaban un sermón en una sala improvisada.

En un costado, sentado en un banco de cemento, estaba Alberto A. Tenía rasguños en los brazos, y un moretón en su ojo derecho. “Mi mami me encerró, porque andaba tomando en la calle. No quería venir y por eso los ‘capturadores’ me golpearon”.

Se refería a dos jóvenes fornidos que lo observaban de reojo desde otra esquina del patio. El administrador del centro, José Valverde, negó la agresión. “La mamá lo trajo aquí, no se lo golpeó. Se cayó de un puente mientras forcejeaba”.

Jorge, uno de los “capturadores”, narró que están autorizados para usar la fuerza cuando el paciente no coopera. “Él no se dejaba traer, por eso forcejeamos”.

Luego de recorrer las instalaciones, las autoridades decidieron clausurar el centro.

La Comisaría de Salud determinó que no tenía el permiso actualizado, y carecía de condiciones físicas y de salubridad para operar. “Tiene colchones viejos, la cocina y los baños están en mal estado y no hemos observado personal especializado en terapias”, dijo la comisaria Giselle Quiñónez.

En Guayas existen otros 53 locales que funcionan como centros y clínicas de rehabilitación y que, al no contar con las autorizaciones, son considerados ilegales.

Del total de centros registrados en Guayas, 28 operan legalmente, dice Eva Cevallos, jefa de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud. “Deben contar con una infraestructura adecuada para terapias de rehabilitación, con profesionales acreditados. Los centros que operan fuera de la ley son una mezcla de templos evangélicos e internados. Allí no se hace terapia de ningún tipo”.

Los administradores del centro de rehabilitación ahora clausurado dicen que la terapia empleada era “la palabra de Dios, café, almuerzo y merienda”. Por cada paciente, sus familiares cancelaban USD 120 mensuales por la atención. A los tres meses, un pastor les entregaba un carné para “guiar” a los nuevos pacientes.

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