26 de October de 2011 00:02

37 ejecuciones extrajudiciales en dos años

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Los agentes le cubrieron el rostro con papel periódico y cinta de embalaje. Amarraron las muñecas del detenido, le echaron agua y descargaron energía eléctrica en el cuerpo. Los policías exigían que el prisionero declarara quiénes más participaron en el crimen.

A José G. lo detuvieron y lo interrogaron en El Oro. Esto ocurrió la mañana del 15 de julio último, es decir, 16 días tras el sepelio de la mujer que habría asesinado.

El caso reposa en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y no es la única agresión en la que estarían involucrados agentes del Estado.

Un informe de este organismo revela que en el 2009 se registraron 143 casos de detención arbitraria, una desaparición forzada, 25 torturas, etc. En el 2010 hubo 178 denuncias más de detención arbitraria, nueve desapariciones forzadas, etc. (ver estadísticas).

En estos dos años, la Cedhu conoció además 37 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes perpetrados por agentes de la fuerza pública. Entre 1984 y el 2008, período investigado por la Comisión de la Verdad (CV), hubo 68 ejecuciones.

La directora de la Cedhu e integrante de la comisión, Elsie Monge, explica que en el informe de este organismo solamente recogieron casos denunciados por las víctimas o familiares de estas y que podrían existir más.

¿Después del 2008 cuando la CV terminó su investigación continuó el abuso policial? Monge responde: “La Policía Judicial era el lugar donde se practicaba la tortura en investigaciones y eso no ha cambiado mayormente, porque es la misma manera y mentalidad de investigar”.

Cuando le interrogaron a José G., los agentes le cubrieron el antebrazo con papel periódico. En su relato en Medicina Legal, el hombre dijo que lo golpearon en la cara con la mano abierta.

Un agente que trabajó en la Oficina de Investigaciones del Delito (ex OID), entidad que reemplazó al SIC-10, contó a este Diario que ese tipo de agresiones es para no dejar huellas de los golpes.

Jorge M., un ex agente del SIC, dice que no supo de torturas. Él, Édgar F. y Antonio G. se presentaron ayer para decir que no son responsables de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, en 1988.

Los tres agentes aseguraron que incluso no están en el informe de la CV, pero ayer Monge dijo que fueron convocados para dar el testimonio, pero que no llegaron.

A la Cedhu también ingresó el caso de Bolívar I. Él denunció agresión de policías en el momento de ser detenido en Quito.

El 17 de mayo del año pasado, Medicina Legal emitió un informe en el que se dice que, en efecto, se detectaron hematomas, heridas que le producen dolor y dificultad para respirar.

En las conclusiones del examen médico se asevera que los traumas fueron producidos por “un objeto contundente, que le provocó una enfermedad o incapacidad física para trabajar tres días”.

En el informe médico realizado a José G. se indica que las lesiones también fueron provocadas por un objeto contundente.

Los abusos policiales fueron parte del informe que en julio del año pasado presentó el relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston. En el capítulo sobre Muertes causadas por la Policía se señaló que hay personas que “han muerto por tortura o a balazos durante operativos de las fuerzas del orden público, y algunos sospechosos y otro tipo de personas han sido asesinadas por la Policía, cuando simplemente tenían que haberlos capturado”.

En esa investigación se incluyeron informes entregados por el entonces Ministerio de Gobierno. El organismo dio datos sobre 27 personas cuyas muertes habían sido causadas por agentes de la Policía entre el 2000 y el 2009.

En tanto, la Inspectoría General de la Policía señaló que entre el 2005 y el 2010 al menos 104 personas habrían muerto por ataques armados de agentes. Una ONG, en cambio, calculó un aproximado de 164 muertes extrajudiciales entre 2000 y 2006.

Alston señaló que existen “pocos indicios de que Asuntos Internos de la Policía pueda operar de manera independiente o eficaz a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango”.

En el proyecto de reforma policial que el Gobierno entregó a la Asamblea el 30 de septiembre pasado se mantiene a Asuntos Internos como el órgano para juzgar las faltas disciplinarias.

El jefe de Estado Mayor de la institución uniformada, general Wilson Alulema, defendió esa propuesta e indicó que ellos conocen mejor a sus elementos.

Cuando José G. llegó a Medicina Legal declaró que sus agresores fueron siete policías, que desconoce sus nombres y describió al cuartel general como la dirección habitual de los presuntos perpetradores. En un informe médico se indica que en las articulaciones de sus muñecas hay cicatrices de heridas por remelladura de un centímetro de diámetro y moretones en la pierna izquierda.

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