Los detenidos que durante el gobierno de León Febres Cordero no colaboraban con la Policía eran ahogados, golpeados, colgados o reducidos con electricidad.
Los agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), creada el 14 de febrero de 1986 como parte del Servicio de Investigación Criminal (SIC), tenían la disposición de utilizar estos métodos para investigar a los denominados ‘insurgentes’.
Esta es una de las revelaciones que se incluye en el informe de más de 2 400 páginas que la noche de ayer presentó la Comisión de la Verdad (CV). Esa investigación se inició el l4 de enero del 2008, para establecer una posible violación de los DD.HH. desde el Estado, y accedió a documentos que para la Policía y las FF.AA. eran reservados.
De ese estudio se desprende que en 24 años 459 personas fueron víctimas de 831 violaciones a los DD.HH. El 55,1% de estos hechos ocurrió en el período de Febres Cordero, el 8,5% en la administración de Rodrigo Borja, el 7,6% entre el 15 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2008 con Rafael Correa, etc.
La Comisión puntualizó que no se determinó que los gobiernos estén vinculados con políticas de Estado, con excepción del régimen de León Febres Cordero.
El procedimiento policial
En el Gobierno socialcristiano, eran considerados ‘subversivos’ quienes “alteren el orden público mediante sabotaje, huelgas, paros o cualquier otra acción (‘) fomentando la intranquilidad en los ciudadanos y que atentan a la estabilidad del Gobierno”. La CV reveló documentos desclasificados de la Policía.
Para la recolección de testimonios se aplicaban distintos tipos de tortura física y psicológica. Uno era el ‘acercamiento emocional’, para elevar el miedo cuando el detenido estaba nervioso. Se decían frases como: “No sabes lo que te espera si no cooperas”.
En otro tipo de interrogatorio, el agente trataba de convencer al detenido para que colaborara, porque “todo está perdido”. Y le decía: “Mira, hoy estás detenido y tus amigos te abandonaron, no harán nada por sacarte de prisión”. La tercera fórmula era exhibir cartas de su familia (terceros forzados), que hablaban de la mala situación económica.
Otra forma de tortura era ironizar con la capacidad intelectual y las habilidades de los arrestados. La orden era bajar al detenido los “argumentos de grandeza” y lanzar frases como: “Por qué te dejaste capturar, si tenías la oportunidad de fugarte”.
La Comisión exhibe en el informe documentos de la UIES que evidencian que los agentes hacían un juramento para guardar secreto, incluso en el servicio pasivo, y para preservar en el anonimato sus labores y a sus superiores.
Asimismo, halló una guía para elaborar informes. “c. Nunca incluya en un informe los medios y las técnicas usadas para encontrar la información; los informes contienen lo que el investigador descubrió, no lo que hizo”, reza.
Infiltrados e informantes
La CV detalla que para investigar explosiones de bombas panfletarias o asaltos a bancos, la Policía tenía informantes. Se identificó a cinco. Uno es Mao Tse Tung Viteri Zúñiga, alias ‘Orejón’ o agente 098. Él participó activamente en la agrupación Montoneras Patria Libre (MPL). Fue detenido el 24 de mayo de 1986 por el secuestro a Enrique Echeverría, representante de Febres Cordero en el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora Corte Constitucional.
En los archivos de la UIES existen 394 fojas en las que se transcribe la información proporcionada por Viteri. Estas conversaciones se realizaron entre el 22 de agosto de 1986 y el 1 de diciembre de 1987; es decir, hubo reuniones durante 16 meses. Viteri negó esos hechos a la CV.
Otro es Jorge Flores Palomino, a él se lo vincula con la ejecución de Fausto Basantes. Con la información encontrada por la CV se confirma que Flores delató a Fausto Basantes y cobró la recompensa que el Gobierno ofrecía por él. La Policía ejecutó a Basantes.
Sobre Ramiro Abad Mejía o el agente 500 existen 666 folios. Este informante estuvo vinculado a los aparatos de seguridad en Cuenca, al menos desde el año 1985 hasta 1988. En el caso de Fabián Moreno (militante de AVC, detenido en la frontera colombo-ecuatoriana el 28 de septiembre de 1986), la CV accedió a más de 600 fojas de documentos reservados en que miembros de la Policía transcriben y reportan la información proporcionada por él mediante ‘entrevistas’.
Y Martha Haro fue la primera esposa de Fabián Moreno. Cuando el Agente 99 dejó la cárcel se enteró de que su primera esposa colaboraba como informante del entonces capitán de Policía Édgar Vaca, quien le entregaba dinero.
Delito de lesa humanidad
La Comisión de la Verdad identificó a 458 personas como presuntas responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Ecuador. La CV cree necesario reparar los daños a las víctimas, así como seguir con la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.
“Las víctimas de violaciones de los DD.HH. tienen el derecho a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción”, señala el informe.
La Comisión recomienda que para reparar los daños se establezca un programa administrativo, que opere en instancias y por vías gubernamentales.