En la sala de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo se inició el juicio a 33 personas, ayer. Ellas están supuestamente implicadas en el desvío de USD 13 308 261 de las cuentas que el Municipio de Riobamba mantenía en el Banco Central del Ecuador (BCE).
Los fondos fueron transferidos el 4, 5, 8 y 10 de abril del 2013 a 31 cuentas de varios bancos del país sin sustento legal, indicó el fiscal de la provincia, Diego Andrade.
Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, es uno de los imputados en el proceso por supuesto peculado. La Fiscalía lo acusa de un posible mal manejo de las claves de las cuentas del Cabildo.
La diligencia se inició a las 08:30. Los aprehendidos llegaron al edificio judicial en un bus de la Policía Nacional. Salazar lucía preocupado. El próximo 28 de abril se cumplirá un año desde que fuera privado de su libertad.
“Mi esposo no es un delincuente. Confío en que se haga justicia. No se imaginan el dolor que ha vivido mi familia”, dijo su esposa Mariela Hidalgo, con la voz entrecortada.
Otras 50 personas, entre familiares y amigos de los procesados, esperaban ingresar al auditorio de la Corte de Justicia.
El desvío del dinero lo denunció Salazar el pasado 13 de abril. Ese día, el exalcalde convocó a una sesión extraordinaria a los miembros del Concejo Cantonal para comunicarles que la cuenta municipal había sido ‘hackeada’ y que el dinero había sido transferido a 31 cuentas de 12 entidades bancarias.
Días después, funcionarios del BCE desmintieron esa versión. “Las transferencias efectuadas desde las cuentas (…) se ejecutaron con la utilización de las claves del Municipio. No pudo ser de otra manera, porque el Banco Central posee un sistema de seguridad para evitar a los ‘hackers”, indicó la entidad en un comunicado.
Además, un peritaje al equipo informático municipal determinó que no existió un virus que permitiera conexiones externas.
También fueron detenidos los exfuncionarios municipales, Nelly O., Fanny L. y Mario C., y los propietarios de las cuentas a las que se transfirieron los recursos.
A las 09:30, la audiencia aún no se instalaba. Al menos 400 testigos y peritos formaron una fila para acceder al auditorio. “Trabajamos fuerte en la defensa, se vulneraron muchos derechos y estamos dispuestos a acudir a instancias internacionales si no se hace justicia”, indicó Marcelo Ron, abogado defensor del exalcalde.