El grupo aparentemente se dedicaba a cambiar monedas en Huaquillas-El Oro, una zona fronteriza con Perú. Eran cuatro y desde el pasado viernes todos están detenidos por supuesto lavado de activos.
Datos de la Fiscalía revelan que entre el 2007 y este año, los aprehendidos movieron en sus cuentas bancarias hasta USD 20 millones cada uno. Pero en el momento del arresto en cada cuentas se registraban entre USD 7 millones y USD 14 millones.Ayer, el juez de flagrancia Galecio Luna confirmó que dictó prisión preventiva en contra de tres. Una mujer no fue vinculada directamente en el caso, pero fue apresada, pues al registrar sus datos el sistema reveló que tenía dos cédulas con números diferentes.
¿Cómo operaba esta red? Los cabecillas estaban en España. Ellos reclutaban a migrantes ecuatorianos en esa nación, a quienes pagaban hasta USD 40 por enviar dinero a sus familiares en el país como si fueran remesas.
Los supuestos beneficiarios en Ecuador cobraban el dinero dos meses después y depositaban en las cuentas de los cuatro detenidos. Esto, según el juez Luna.
El judicial no confirmó cuántos migrantes ni de qué provincias estarían involucrados en estos hechos delictivos. “Esto está en manos de los fiscales, quienes tendrán que investigar”, sostuvo.
Con base en las primeras investigaciones, se calcula que la red internacional operaba desde el 2004 y que desde entonces lavó por lo menos USD 148 millones.
La oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen para Perú y Ecuador (Unodc) señala que este delito es “una gran amenaza para la seguridad y el orden interno” en la región. Y advierte que estos dineros provienen de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros y otros delitos transnacionales.
En el caso de los cuatro detenidos, el dinero presuntamente provino del narcotráfico. Y se considera uno de los casos más grandes en lo que va de este año en el país.
Un agente de la Policía Antinarcóticos revela que el año pasado los agentes recuperaron 5 millones de dólares y un millón de euros que las mulas pretendían ingresar a Ecuador. Además, desde el 2008, en los aeropuertos de Quito y Guayaquil han sido detenidas 96 mulas con dinero en efectivo. Los agentes calculan que, por cada detenido, cinco más evaden los controles. Desde ese año estas personas han sido detenidas con cerca de USD 13 millones, que no incluyeron en su declaración aduanera.
De las primeras investigaciones, los detenidos en Huaquillas tampoco pudieron justificar la procedencia del dinero. Esta aprahensión es parte del denominado operativo España 1, que se desarrolló en ese país, para desarticular la organización criminal.
En octubre del año pasado, las autoridades españolas detuvieron a 41 personas por el supuesto delito de lavado de dinero destinado al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó la Policía. Allí ya se dijo que este delito se cometía con base en el ingreso ilegal de dinero en cuentas bancarias de inmigrantes. Incluso se aseguró que los fondos eran enviados desde locutorios hacia Colombia y Ecuador.
Esa operación fue montada por la Audiencia Nacional española, que envió órdenes de detención a Colombia y Ecuador, aunque las autoridades en Quito no ejecutarán de inmediato los pedidos. Esto, debido a la insubordinación policial del 30 de septiembre en Ecuador, explicaron fuentes judiciales.
En agosto del 2008, la Policía española detectó un “envío inusual” de dinero a Colombia y Ecuador, que “no respondía a los patrones de los inmigrantes”. Por ello, los agentes sospecharon que “podría tratarse de lavado de dinero procedente de la venta de cocaína en España”. Tras las primeras comunicaciones, las autoridades colombianas descubrieron que un beneficiario de los giros tenía posibles nexos con las FARC y que otras 12 personas estaban ligadas al sospechoso.
Seis meses antes de la captura internacional, autoridades del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) reconocían que pese a haber desarrollado “mecanismos de control óptimos”, para combatir el lavado de activos “faltaba intensificar y establecer una mejor supervisión de los capitales ‘sucios’ que ingresan a la economía a través de los circuitos informales”.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, reconoció ayer que las entidades financieras sí han reportado casos de presunto lavado. Estas se reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Cuando una institución financiera observa ciertos movimientos de cuentas de un cliente que no se justifican y operaciones que se detectan inusuales, se envía en forma rápida los informes respectivos a la Unidad de Inteligencia correspondiente”.
Este órgano realiza análisis inmediatos -según Robalino-, pide informes a los bancos “y si considera justificable informa a la Fiscalía General del Estado”.
En el caso de las personas detenidas en Huaquillas actuó directamente el grupo GEMA, una unidad élite de la Policía Antinarcóticos. Uno de los agentes lo confirmó ayer. La investigación de este caso está en manos del fiscal José Luis Jaramillo, quien pertenece a la Unidad de Lucha contra el crimen organizado de la Fiscalía de Pichincha. Según el juez Luna, en caso de llegar a ratificarse el delito, el grupo podría ser condenado a detención de tres a seis años. “La creatividad de la delincuencia organizada no tiene límites. Se vale de esta gente más necesitada”.