12 de September de 2011 00:02

1 298 personas vigilarán el trabajo del Consejo de la Judicatura

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El proyecto de reestructuración de la justicia tendrá 1 298 veedores a escala nacional. Así lo reveló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Luego de que los miembros del Consejo analizaran las carpetas de los 1428 inscritos se escogió a quienes entregaron todos los requisitos y no tuvieron inhabilidades para vigilar la tarea que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) cumpla hasta diciembre del 2012.

El trabajo de las personas calificadas será observar que se cumplan los pasos y los seis ejes estratégicos establecidos en el plan de reestructuración judicial que presentó el CJT la primera semana de agosto. En este proyecto se contempla que las primeras líneas de acción serán talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, gestión financiera equitativa, mejor tecnología y cooperación interinstitucional.

El 25 de agosto, el Cpccs capacitó a dos delegados de cada provincia. En el taller se informó de las áreas en donde deberán intervenir y en qué aspectos pueden aportar las veedurías. En un foro, que se realizó con los vocales del CJT: Tania Arias y Fernando Yávar, los delegados compartieron sus dudas y comentarios.

Allí se estableció que una vez conformadas las veedurías, que deberían tener mínimo tres personas por provincia, se envíe un informe trimestral o semestral acerca de la gestión del Consejo de Transición.

Según Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación, con eso se contribuirá de manera directa en la reestructuración. “Ellos, mediante su observación, serán quienes den su punto de vista, comentarios y sugerencias para que se puedan realizar correctivos en la marcha”.

Los delegados fueron quienes desde el lunes anterior se dedicaron a evaluar las inscripciones y quienes dieron una capacitación a los veedores seleccionados.

Además del plan del CJT, estaba previsto que se les instruya sobre los reglamentos de las veedurías y su capacidad de acción e intervención en la reestructuración.

Paralelamente se les notificó cómo avanza el proceso de selección de jueces para la nueva Corte Nacional de Justicia, que está en la fase de análisis de postulaciones. La mayor cantidad de veedores se registró en Pichincha con 185 personas, Carchi 125, Guayas y Manabí 121 y Loja con 84 admitidos. Zamora Chinchipe fue la única jurisdicción en donde no hubo inscritos.

La primera función será inspeccionar cómo se conforma el Comité de expertos que realizarán las pruebas de méritos para el concurso de magistrados.

Está previsto que las universidades que tienen una Facultad de Jurisprudencia y estén dentro de las categorías A y B respondan la invitación del Consejo de Transición para enviar a sus representantes. Para ello, los veedores podrán pedir el listado de profesionales que crearán el banco de preguntas, revisarán documentos y corregirán pruebas académicas.

Las veedurías no son parte del Consejo de Participación, no dependen económicamente ni laboralmente de ninguna dependencia del Estado. Sin embargo, la consejera del Cpccs, Andrea Rivera, mencionó que el organismo les dotará de infraestructura y recursos para que los observadores puedan reunirse y trabajar. “No cumplen con un horario, la labor es voluntaria, no se les puede reconocer. Pero en el momento de ser admitidos deben cumplir con lo establecido y enviar al Consejo los informes respectivos. Cualquier ayuda que requieran, capacitaciones, seminarios, ayuda profesional, corre por cuenta del Consejo”. El inicio de su gestión empieza hoy y el Cpccs evaluará progresivamente la participación en cada una de las 24 provincias.

El trabajo de fin de semana

Desde el pasado sábado los servidores judiciales se dedican a levantar un inventario de los casos represados en cada juzgado.

Los resultados del trabajo que se alcancen en estas jornadas servirán como evaluación del desempeño de cada funcionario.

Así reza el artículo 6 de la resolución No. 012-2011 del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) como parte del estado de excepción en la Función Judicial. Las evaluaciones serán hechas por la Dirección Nacional del CJT y las direcciones provinciales.

Esta disposición establece que se determinen las causas, cuyo trámite ha sido abandonado por los litigantes. Además, dependerá de los procesos que hayan prescrito y de los que siguen activos.

Durante los sábados, hasta el 29 de octubre también se alistarán las causas para su despacho respectivo. El juez X de lo Civil, José Martínez, está de acuerdo en que se haga evaluaciones a todos los funcionarios. “Antes había respeto a todos los profesionales del Derecho y usuarios, ahora el trato es diferente y no hay respeto”.

El estado de excepción prevé la movilización del personal de la Función Judicial en el país.

Las evaluaciones

El director de la Judicatura  de  Pichincha,  Iván Escandón,  señaló   que se hará “un informe motivado” de cada servidor judicial entre las direcciones Administrativa y de Personal, Informática y Financiera.

El funcionario reconoció  que las evaluaciones dependerán del desempeño de cada uno en aspectos como la calidad de atención al usuario. Además, se considerará la agilidad en el despacho de los escritos y otras normas técnicas establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y de la Ley Orgánica de Servicio Público.

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