Un camino de hojarascas conduce a uno de los linderos de la finca cacaotera de 30 hectáreas de Wilson Alvarado. El predio, ubicado a 15 kilómetros del centro del cantón Naranjal (Guayas), fue el escenario de un asesinato la mañana del lunes.
En un claro, la Policía halló el cuerpo del campesino, quien hace seis meses fue nombrado presidente de la Junta Cívica Popular del cantón. Alvarado recibió un disparo de escopeta que fue mortal. A las 08:45 un familiar alertó a la Policía sobre el crimen.
Un jornalero de una finca contigua describió ayer cómo habría ocurrido el hecho. “Me contaron que don Valerio -segundo nombre de Alvarado- estaba aquí con el cuidador de otra finca. Peleaban porque este señor, al que ahora lo buscan por la muerte del finadito, exigía que le den paso”.
Esa versión es similar a la que dio otra persona, quien en la Fiscalía de Naranjal dijo haber presenciado el asesinato.
La fiscal de ese lugar, Blanca García, pedirá la versión de al menos 11 personas, entre empleados de la finca y familiares de la víctima. Para la funcionaria, la causa “está más que determinada”. El asesinato, dijo, sería por un lío por el paso entre las dos fincas.
“De momento descartamos el sicariato o el ajuste de cuentas como los móviles”, señaló.
Alvarado fue el primer presidente de la novel Junta Cívica Popular de Naranjal, constituida en enero. Su cuerpo fue velado hasta la tarde de ayer en la funeraria del Sindicato de Choferes Profesionales de Naranjal.
La Fiscalía del cantón registra cinco crímenes violentos, pero según la fiscal García solo el asesinato de una pareja dentro de un centro de diversión nocturna, pudiera considerarse “ajuste de cuentas”. Por ese crimen hay un detenido. Esa figura aún se usa, pese a que el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, lo criticó.
Criminalística de la Policía Judicial de Guayaquil dará hoy el informe de las evidencias halladas en el sitio del crimen. Hasta ayer, el juez XVII de Garantías Penales de Naranjal, Jorge Arboleda, no emitía la orden detención para el sospechoso de la muerte.