9 de octubre de 2019 01:10

Juez dictó prisión preventiva para Asambleísta y Prefecto de Sucumbíos por paralización de servicio público

La fiscal general Diana Salazar dijo que no se dejará sola a ninguna víctima de abuso o violencia en todas sus formas. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Fiscalía Ecuador

Imagen referencial de la fiscal general Diana Salazar.  Foto: Tomada de la cuenta Twitter Fiscalía Ecuador

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Redacción Elcomercio.com

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Diana Salazarfiscal general del Estado, formuló cargos en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público, en horas de la madrugada de este miércoles 9 de octubre del 2019.

Mediante un comunicado, Fiscalía explicó que el juez nacional David Jacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, y “retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes”.

Después de casi siete horas, tiempo que duró la diligencia en la 
Corte Nacional de Justicia, Fiscalía presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados en el mencionado delito.


Los procesados fueron detenidos el lunes 7 de octubre cuando irrumpieron con violencia (con palos y fierros refiere Fiscalía) a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, cantón Nueva Loja (Lago Agrio). En el comunicado se señala además, que los procesados “habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador”.

De acuerdo con la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y 19 minutos lo que implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme a lo determinado por el artículo 326 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, que ocasiona un perjuicio económico al Estado de USD  1 723 918,72.

Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31 286 barriles de crudo. Sumado a la inspección ocular técnica de reconocimiento del lugar de los hechos y versiones de testigos y agentes aprehensores.

Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.

Para este caso señaló Fiscalía, se aplicará el procedimiento directo y la audiencia de juzgamiento se realizará el próximo viernes 18 de octubre, a las 09:00.

El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

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