Familiares tras la pista de los dueños de clínica clandestina de rehabilitación, en Guayaquil
Clínica clandestina en el Guasmo sur de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Las cintas que acordonaban una clínica clandestina en el Guasmo sur de Guayaquil permanecen rotas. Había sido clausurada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) por no contar con los permisos de funcionamiento.
Diez jóvenes murieron en el sitio el pasado sábado 12 de octubre de 2019 durante un incendio, presuntamente generado por los mismos internos.
Luego el incendio dos personas, identificadas como los encargados de las llaves de la clínica, fueron detenidas por la Policía. El lunes pasado se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos de los sospechosos, identificados como Cristóbal C., y Nelson D.
Los hombres tienen prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo. Además, María Armijos, hermana de una de las víctimas, presentó una denuncia junto a otras seis familias en contra de los propietarios de la supuesta clínica de rehabilitación Olga P. y su hija Eva P.
La mujer sepultó a su hermano este martes. Todavía recuerda que solo le faltaban dos semanas para terminar el supuesto tratamiento. Cuando le avisaron que la clínica se estaba incendiando llegó hasta el lugar y comenzó a buscar a su hermano entre los escombros y los cadáveres carbonizados para salvarlo.
Los vecinos y familiares de los afectados, en represalia, fueron hasta la casa donde supuestamente vivía la propietaria. Enardecidos, por la pérdida, echaron gasolina e incendiaron la vivienda donde alquilaba, a unas cinco cuadras del centro clandestino.
Durante las investigaciones, la Acess identificó varias irregularidades como el mal manejo de desechos. Por ese problema, en el barrio, los vecinos se quejan del mal olor. Creían que todavía se encontraban cuerpos en la casa de tres pisos. Pero la Policía descartó esa hipótesis. Este miércoles 16 de octubre llegó una patrulla para constatar la denuncia de la rotura de los sellos de clausura. El caso está a cargo de la agente fiscal Mónica Rivera, quien deberá analizar las evidencias encontradas en la casa.
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