26 de noviembre de 2020 12:19

Madre e hija secuestraron y vendieron a un bebé en Ecuador; Tribunal las sentencia a la pena máxima

El bebé fue rescatado por agentes investigadores, luego de haber sido secuestrado en Guayaquil. Su madre fue asesinada. Foto: Plataforma web Fiscalía de Ecuador

El bebé fue rescatado por agentes de la Policía en Cuenca, luego de haber sido secuestrado en Guayaquil. Su madre fue asesinada. Foto: Plataforma web Fiscalía de Ecuador

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Redacción Elcomercio.com

El Tribunal de Garantías Penales de Azuay dictó el martes 24 de noviembre del 2020 una condena privativa de libertad de 21 años y cuatro meses para Iris Daniela C., Yomayra Mercedes Ch. y Maryuri Alexandra G. por el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal. Las mujeres secuestraron a un bebé y lo vendieron, pero antes, asesinaron a Camila (nombre protegido), la madre adolescente del menor en Guayaquil.

El caso fue investigado en la Fiscalía de Delincuencia Organizada y da cuenta de un crimen premeditado y brutal perpetrado en noviembre del 2019. El fiscal Fernando Sánchez lo desentrañó durante la audiencia de juzgamiento. 

Mujer ofreció pagar por un bebé


Según informó el Ministerio Público, fue Maryuri G. quien decidió solicitar a Iris C. que "consiga" un bebé recién nacido. En esa operación participó Yomayra Ch., hija de Maryuri. La mujer ofreció un pago de USD 2 000 por la entrega del menor. 

El 6 de noviembre del 2019, Iris C. ingresó, junto con dos hombres, a domicilio de la adolescente, que tenía 17 años, ubicado en la cooperativa Sergio Toral, en Guayaquil.

Uno de los hombres, ahora procesado, la agredió, amarró sus pies y manos, mientras que el otro sospechoso la atacó varias veces con un arma blanca. Camila no sobrevivió ante la gravedad de las heridas. Luego de perpetrar el crimen huyeron con su bebé. 

La investigación -liderada por Sánchez- reveló que Iris C. y uno de los atacantes trasladaron al bebé recién nacido a Cuenca en un taxi. Pero solo llegó el hombre, quien entregó al menor a Yomayra Ch.

La Fiscalía señala que las indagaciones permitieron determinar la ubicación del bebé y lo rescataron en un departamento, localizado en Miraflores, un sector de la capital azuaya. Allí detuvieron a madre e hija: Maryuri G. y Yomayra Ch.


Una procesada intentó hacer pasar al bebé como hijo propio


El Ministerio Público presentó la acusación de oficio con base en un testimonio clave: el del agente de Criminalística que extrajo información de los celulares de las mujeres sentenciadas. Los textos fueron evidencias claras de un crimen de trata de personas, la negociación del pequeño y el ofrecimiento de pago. 

Los ciudadanos, autores materiales del asesinato de Camila, se encuentran prófugos. 

Sánchez, citado por Fiscalía, dijo que el niño "fue captado a través de secuestro y explotado al ser tratado como mercadería. Se intentó hacer pasar al niño como hijo propio, evadiendo las instituciones jurídicas encargadas del trámite legal de la adopción. La tesis de Fiscalía fue aceptada por el Tribunal, que consideró que los hechos constituyen el delito de trata de personas para adopción ilegal".

Durante la audiencia de juzgamiento, el jurista expuso, además, un video registrado por la cámara de seguridad instalada en el taxi. En las imágenes se observó a Yomayra Ch., quien recibió al menor para llevarlo hacia el departamento donde se encontraba su madre. 

Asimismo, se presentaron los testimonios de agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased), informe de registro de llamadas, documentos de reconocimiento del lugares de los hechos, además de información extraída de videos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, tickets de peajes, registros de atención médica y más de 50 imágenes de pericias ejecutadas desde el levantamiento del cadáver hasta que el bebé fue rescatado. 

Iris C. recibió la condena por delito de trata de personas con fines de adopción ilegal, pero además fue sentenciada por el asesinato de Camila. La mujer cumplirá una pena máxima de 40 años en una cárcel ecuatoriana. 

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