Redacción Negocios
¿Qué problemas han llevado al sector eléctrico a los recientes apagones?
Pese al apoyo que el presidente (Rafael) Correa ha dado al sector eléctrico en cuanto a modificación de leyes, expedición de mandatos, declaratorias de emergencia y la creación del Ministerio de Electricidad, no se han dado avances. No hay pretexto para que el sector no se desarrolle. Las principales dificultades se encuentran en la estructura del sector y en las autoridades.
¿Qué otros factores han influido en la crisis?
La situación de emergencia se ha agravado por la fuerte sequía, el incremento en el consumo energético y la falta en el crecimiento de la oferta.
¿Qué conclusiones deja esta emergencia?
No podemos depender de la hidroelectricidad porque no está bajo nuestro control. Si se construye la central Coca-Codo Sinclair, deberá instalarse un parque termoeléctrico de al menos el 30% de su capacidad.
A nivel de funcionarios, usted habló de cambios…
En este Gobierno está la misma gente que ha permanecido desde hace muchos años en entidades como Transelectric o Termopichincha. Funcionarios que estaban al frente del Fondo de Solidaridad ahora están en el Ministerio de Electricidad. Esa gente nunca ha podido manejar adecuadamente el sector.
¿En qué funcionarios recae la responsabilidad de no haber construido los 300 MW en generación térmica planificados desde 2007?
El ejecutor debía ser el ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera. Él tenía el mandato de construir la planificación que hizo Alberto Acosta.
¿Qué tan factible era la implementación de 300 MW en dos años?
Están trayendo 150 MW en dos meses.
Pero en emergencia se contrata rápidamente…
Debido a los controles que se ejercen sobre la burocracia, a los funcionarios no les gusta arriesgarse a ser ágiles. Porque si se arriesgan, tenga la seguridad que en un año están en la cárcel o al menos con responsabilidad culposa.
¿Pero era factible la implementación de 300 MW?
Claro que sí. El presidente Correa siempre pudo tomar la decisión de declarar al sector en emergencia. Lo que no hubo es un seguimiento fuerte para que se implementaran las medidas que el Mandatario dispuso.
¿Se justifican los altos precios que paga el Estado en compra de energía por la emergencia?
Sí, son más perjudiciales para el país las pérdidas que generan los racionamientos.