Santiago Guarderas es parte de dos empresas. La Superintendencia de Compañías registra que el actual Alcalde Quito tiene acciones en Coppa & PI Inmobiliaria y en Quevedo & Ponce Incorporated. La última se conformó en Panamá y eso originó su primera denuncia legal.
La primera firma es ecuatoriana. Fue constituida en 1996 para la compra-venta, permuta y comercialización en general de inmuebles urbanos o rurales. Tiene un capital suscrito de USD 19 109. De eso, USD 2 613 corresponden al Alcalde.
Otro de los 14 accionistas que tiene Coppa es Quevedo & Ponce Incorporated. Según la Súper de Compañías, tiene un capital de USD 3 965 y su país de origen es Panamá, un paraíso fiscal según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
En la web no hay una referencia sobre Quevedo & Ponce Incorporated. Lo primero que salta al digitar ese nombre es el portal del Estudio Jurídico Quevedo & Ponce. Sus oficinas tienen la misma dirección que la registrada como domicilio de Coppa & PI.
Diario EL COMERCIO contactó a Alejandro Ponce Martínez, consejero del estudio jurídico y accionista en ambas empresas. Él confirmó tres cosas sobre Guarderas: fue parte del bufete hasta 2018, aún es accionista en Coppa & PI y sí fue parte de la empresa panameña.
El único rol de Coppa, según Ponce, es ser dueña de dos oficinas en donde funciona el estudio jurídico en el norte de Quito. Actualmente, esa compañía no tiene otra actividad ni otras propiedades.
Además, la empresa panameña, según Ponce, solo tiene como actividad ser accionista de Coppa. Sin embargo, el dato que investiga la Contraloría es si Guarderas incumplió la Ley Orgánica de la consulta popular de 2017.
Esa normativa, vigente desde septiembre de 2017, prohíbe que los candidatos sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.
Ponce Martínez contó que adquirieron en septiembre de 1999 la empresa que originalmente se llamaba Hargab Incorporated. Una vez adquiridas las acciones, le cambiaron el nombre a Ponce & Quevedo. Después de poco tiempo, Guarderas obtuvo acciones.
El fin era establecer fusiones con estudios de países como Perú o Colombia. Eso nunca se concretó, pero mantuvieron la compañía.
El 4 de junio de 2018, Guarderas le cedió todas sus acciones, según explicó Ponce. Eso fue cuando aún no se inscribía como candidato.
En la convocatoria a elecciones hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las seccionales de 2019 consta que la inscripción de candidaturas empezaba en noviembre de 2018.
La denuncia en Contraloría y Fiscalía la puso el abogado Alejandro Rodas, quien, en redes sociales, ha manifestado su aspiración a la Alcaldía de Quito en las seccionales de 2023.
Rodas afirmó que tanto Coppa como Ponce & Quevedo fueron constituidas en Panamá. Dijo tener las pruebas obtenidas de ese mismo país. Además, aseguró que en 2018 Guarderas obtuvo otro paquete accionario en la empresa del país centroamericano.
Sin embargo, la relación entre la empresa Coppa, de la cual aún es accionista Guarderas, y la compañía panameña es un hecho. Esta última es accionista de la primera.
Para el experto tributario, Javier Bustos, la Ley no cubre el ser socio de una firma ecuatoriana en la que participe también una panameña.
El director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Esteban Ron, explicó que hay dos escenarios. El primero es que, tras la investigación de la Contraloría, se determine que no incurrió en la prohibición de la norma. Y el otro es que se determine responsabilidad.
En ese caso, el ente de control dictaminará la destitución. En todo ese proceso, mencionó Ron, no actúa el Concejo Metropolitano. Así, el futuro de Guarderas hoy está en manos de Contraloría.
Guarderas reiteró, el martes pasado ante el Concejo, que no tiene dinero en paraísos fiscales. Lo hizo ante la interpelación de la concejala Soledad Benítez, quien cuestionó que no se conformase una comisión para investigar la denuncia sobre su supuesta participación en una firma panameña.