22 de agosto de 2018 00:00

46% de sanciones vino del control a medios

A través del sistema Videoma, de la sede matriz de la Supercom en Quito, se monitorea el contenido de los medios de comunicación del país. Foro: Julio estrella / EL COMERCIO

A través del sistema Videoma, de la sede matriz de la Supercom en Quito, se monitorea el contenido de los medios de comunicación del país. Foro: Julio estrella / EL COMERCIO

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Andrés García

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La Superintendencia de Comunicación (Supercom) revisará la legalidad y legitimidad de 25 procesos sancionatorios en contra de medios de comunicación, desde julio del 2017, por presuntos incumplimientos a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

“Es un número limitado sujeto a revisión, pero no podemos ir en contra de la Ley”, advirtió Édison Toro, superintendente encargado de la Supercom. El Código Orgánico Administrativo (COA) faculta a la Supercom iniciar actos de revisión solo para los procesos del último año de gestión.

Desde el 2013 se siguieron 1 188 procesos administrativos. De ellos, 706 fueron sancionatorios por presuntas vulneraciones a las normas deontológicas y a la regulación de contenidos. De ellos, en 428 casos se aplicaron multas económicas por un valor cercano a USD 3 millones.

Para revisar los procesos sancionatorios de años pasados, Toro planteó a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional que en el borrador del proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación se incluyera una transitoria, que permita analizar los casos en los que ya no es aplicable el Código Administrativo.

46% de sanciones vino del control a medios


Hasta el momento, se han recaudado USD 879 000 de multas a medios. Aún resta por cobrar USD 2 108 000, a través de juicios de coactiva.

Toro explicó que el dinero de las multas pasa a la cuenta única del Tesoro Nacional. Estos recursos debían ser destinados a proyectos de promoción a cargo del Ministerio de Cultura. Toro aseguró que, según la información que ha revisado desde su posesión el 1 de agosto, no tiene certeza de que esos fondos se hayan destinado para esos fines.

Así funcionaba el sistema


Para monitorear las publicaciones de los medios de comunicación, la Supercom adquirió en el 2015 un sistema denominado Videoma. Con él, unos 40 funcionarios de la Supercom se encargan del monitoreo de medios en el país. En promedio, un analista revisa 120 informaciones al día.

Los funcionarios emiten alertas medias, bajas y altas, si consideran que no se cumple algún parámetro de la Ley. Posteriormente, toda la información se sube a otro sistema interno de la entidad.

El superintendente Toro considera que este software fue utilizado con fines punitivos, en la mayoría de casos. El 46% de procesos administrativos de la Supercom se inició de oficio. Es decir, tras los informes realizados en esta unidad.

Estas estadísticas serán analizadas por Édison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde su arribo al país, Lanza respaldó la decisión del presidente Lenín Moreno de eliminar la Supercom.

Toro adelantó que Lanza se reunirá con los medios sancionados por la Supercom.

La contratación del sistema se hizo a través de Régimen Especial y se invitó a una sola empresa radicada en Guayaquil para que presentara su oferta. El contrato fue suscrito por el destituido superintendente de la entidad, Carlos Ochoa.

El valor de Videoma, según el Portal de Compras Públicas, ascendió a USD 1 695 000. Toro reveló que inicialmente se planteó un proyecto de monitoreo cuyo valor llegaba a los USD 28 millones.

Finalmente, solo se aprobó la adquisición de Videoma. Se trata de un sistema que graba y digitaliza los contenidos de los medios. Este sistema se instaló en la matriz de la Supercom en Quito, y en cinco de las seis intendencias zonales de la entidad.

Según el borrador del examen especial que la Contraloría hizo a los contratos de la Supercom, entre el 2015 y el 2017, la parte de equipos que le tocaba a la Intendencia de Esmeraldas está embodegada.

Además, según el mismo Portal de Compras Públicas, actualmente está en ejecución un contrato para renovar, dar soporte técnico y de garantías al hardware de Videoma en la sede matriz de Quito. Su costo fue de USD 189 000.

Desde el 1 de agosto pasado, la nueva administración de la Superintendencia dio un giro al monitoreo de medios. La idea es generar información menos subjetiva y que sirva para fomentar el debate en torno a la comunicación en el país.

Si se ratifica en la Ley Reformatoria a la LOC la eliminación de la Supercom, se deberá encontrar un nuevo uso para este sistema tecnológico.


Una opción es que el Consejo de Regulación de la Información (Cordicom) se haga cargo del sistema y lo incorpore a sus competencias.

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