Redacción Política
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) apretó el acelerador para resolver una queja de Teleamazonas. Ayer terminaba su plazo para tratar la apelación presentada por los directivos del canal, luego de la suspensión de 72 horas a su señal, en diciembre.
La sesión empezó a las 08:30. En la mesa directiva estaban Jorge Glas, ministro de Telecomunicaciones y titular del Conatel; Jaime Guerrero, secretario nacional de Telecomunicaciones; Rafael Burbano, delegado de Senplades; Jaime Alomía, del Ministerio de Educación, y Roberto Aspiazu, quien representa a las cámaras de la Producción en esta entidad.
La víspera, el Conatel organizó la sesión en 14 puntos. El tercero fue separado para tratar la apelación del canal quiteño.
En la sala estuvieron Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas, y Sebastián Corral, su gerente. Además, el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, quien decidió la suspensión de la transmisión del canal. Según el funcionario, porque difundió noticias que pudieron causar una conmoción social.
Ellos salieron del salón solo cuando el organismo resolvió el caso. La discusión empezó a las 08:30 y duró hasta las 12:00.
En ese momento se conoció que la apelación que presentó el canal fue negada y que se ratificó la suspensión ordenada por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Su argumento fue que el proceso administrativo se basó en el art. 80 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, el cual les faculta suscribir sanciones con base en el reglamento de esa normativa.
La decisión fue tomada por los representantes de los organismos estatales: Glas, Guerrero, Burbano y Alomía. Solo Aspiazu, delegado de las Cámaras, no apoyó la decisión del Consejo.
Según el abogado de Teleamazonas, la suspensión del canal es ilegal y no se ha respetado el debido proceso. Manifestó que “Teleamazonas quiere dejar sentado un precedente de que no se puede atropellar el derecho a la libertad de expresión”. Además, precisó que no se puede sancionar a ningún medio a través de un reglamento, porque va en contra de la Legislación vigente.
Asimismo, manifestó que la decisión que tomó el Consejo de Telecomunicaciones fue ilegal, porque no se respetaron los 15 días de plazo que tenían para resolver la apelación. “No siguieron el debido proceso e ingresaron en la figura de silencio. Esto nos favorece porque no emitieron la resolución dentro del plazo permitido”.
Por eso anunció que acudirá al Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo para presentar otra apelación. “ No nos dejaremos vencer”.
Teleamazonas ha sido sancionada por haber emitido dos noticias basadas en supuestos, que pudieron alterar el orden público. La primera fue la transmisión en vivo de un presunto centro electoral clandestino en Guayaquil y la segunda consistió en las repercusiones negativas que traería a la pesca de la isla Puná la presencia de dos torres de exploración de la petrolera venezolana Pdvsa.
Por esta supuesta reincidencia, es que la Superintendencia de Telecomunicaciones suspendió la señal del medio por 72 horas.
Como respuesta al fallo, el 4 de enero, el Juzgado Octavo de la Niñez y la Adolescencia negó la acción de protección interpuesta por los representantes legales de la estación televisiva. Además, la Supertel negó al canal la acción de protección constitucional, presentada el 23 de diciembre.
Para Roberto Aspiazu, las sanciones en contra este medio de comunicación son la muestra del trasfondo político que existe en el país, el cual “se refleja en la confrontación permanente entre la prensa y el Gobierno Nacional”.