Fotografía en un centro comercial de Quito captada el
14 de marzo del 2015, una vez vigentes las salvaguardias. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las salvaguardias arancelarias que rigen para 2 961 partidas de importación (productos y grupos de productos), y que este viernes cumplen un año de vigencia, dejaron USD 788 millones al Fisco en el 2015.
Con la aplicación de las salvaguardias, las importaciones de las subpartidas bajaron en 2 243 millones el año pasado, 32% menos frente al 2014, según datos de la Aduana.
Los productos que más recaudaciones generaron por este tema fueron los grupos preparados de alimento, prendas de vestir, frutas, impresoras, imprentas, televisores, calzado, muebles, juguetes, manufacturas de plástico, refrigeradoras y congelados.
Esta medida fue implementada el 11 de marzo del año pasado, con una duración de 15 meses que vence en junio próximo. A fines del año pasado, el país se comprometió con la Organización Mundial de Comercio (OMC) a reducir progresivamente las sobretasas, que van del 5 al 45%.
El desmonte de la medida empezó en enero pasado y continuará hasta junio.
Sin embargo, , según el Gobierno, el bajo precio del petróleo que redujo los ingresos fiscales ha obligado a pensar en ampliar esta medida.
“(…) Pero si esto continúa (problemas económicos) habrá que ir aumentando las medidas y, por ejemplo, en principio se desmantelaban, se desmontaban las salvaguardias en junio, pero si tenemos un petróleo a USD 16 se podrían extender. Hay que ver cómo marchan el precio del petróleo y las exportaciones”, dijo el Jefe de Estado el 1 de marzo pasado, durante una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).
En su conversatorio, Correa no mencionó plazos ni dio más detalles de esa intención.
El anuncio preocupa al gremio empresarial, que lo calificó de inapropiado porque la reducción en el consumo por sí sola frenaría la adquisición de bienes importados.
Para Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito, el Gobierno ya no debería pensar ni en cupos ni en sobretasas, porque el mercado bajaría automáticamente las importaciones, debido a los problemas de liquidez que afronta la economía local.
De concretarse la intención, el gremio pedirá formalmente al Gobierno que se respete el cronograma de desmantelamiento de la medida, comprometido con la OMC, sobre todo si quiere firmar un acuerdo con la Unión Europea (UE).
Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial, coincidió con esa apreciación y cree que las importaciones se irán ajustando debido al enfriamiento mismo de la economía. Cualquier medida adicional causará el cierre de negocios, se comprometería empleo o aumentaría costos en el sector productivo.
Al representante gremial le preocupa más el Decreto 943 -emitido la semana pasada- “porque abre la puerta a otros medios de pago de los previstos en el Código de la Producción, como el timbre cambiario (subasta de cupos para importar)”, que anunció hace algunas semanas el Jefe de Estado, como alternativa a las salvaguardias.
Para Alarcón, el anuncio de una nueva implementación de salvaguardias es errada, porque no solo perjudica a los importadores de bienes de consumo sino de materias primas y de capital (maquinaria, montacargas, estanterías).
Jorge Serrano, director de la Asociación de Exportadores de Banano, explicó que pese a no tener mayor afectación en su sector sí existe un temor de no cumplir compromisos adquiridos, porque no se pueden importar avionetas para las fumigaciones de las plantas.
Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en tanto, dijo que sin desconocer que la situación del país es compleja y que requiere de medidas, se debe respetar el principio de confianza y respeto. Para el ejecutivo, si Ecuador se comprometió a caminar al desmonte de la salvaguardias, debería cumplir este anuncio.
Legarda solicitó que las medidas que el Gobierno adopte a futuro se enmarquen dentro de la normativa internacional, que garanticen el acceso de los productos a los mercados internacionales y que se implemente una política de promoción de exportaciones.
Cualquier decisión que tomen, si está dentro del ámbito legal internacional de la Organización Mundial de
Comercio, o de mercados como la UE, y otros destinos, es manejable. Según Legarda, además, debe procurarse que no se generen represalias en contra de los productos locales en el exterior.