La terminación de 170 000 contratos corporativos por parte de Salud S.A. significará unos USD 64 millones menos de ingresos al año. Edificio de la empresa de seguro de salud privado Salud S.A.. Foto: Patricio Teran A. / EL COMERCIO
Los cambios de último momento que propuso el Ejecutivo al proyecto de Ley de Medicina Prepagada se tramitan este jueves 6 de octubre, a las 07:00, en la Comisión de Salud de la Asamblea.
El principal cambio sugerido por el Ejecutivo apunta a que aseguradoras y empresas de medicina prepagada reembolsen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o al Ministerio de Salud cuando los afiliados que tengan seguros privados opten por la red de salud pública.
La medida puede significar una carga adicional de USD 71,5 millones anuales para las 18 empresas de medicina prepagada, lo que obligaría a aumentar las tarifas, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada.
La legisladora por Alianza País, María José Carrión, cree que hoy habrá un allanamiento mayoritario al veto del Ejecutivo y prefirió no comentar sobre el punto de la polémica hasta que concluya el análisis.
Ante la inminente aprobación de la normativa, las empresas de medicina prepagada se están anticipando a los efectos que tendrá la normativa. La empresa Salud S.A., que tiene el 34% del mercado, informó a sus clientes corporativos, a través de un comunicado, que finiquitará 170 000 contratos hasta finales de este mes, con lo cual dejará la línea de negocio empresarial.
Roberto Aspiazu, director del Comité Ecuatoriano Empresarial (CEE), indicó que el sector corporativo de esta firma, además cuenta con afiliación obligatoria al IESS. Y el hecho de tener que reembolsar a esta entidad por la atención de los afiliados pone en riesgo a este negocio. Salud S. A. “anticipa que con la aprobación de la ley habrá un incremento sustancial de la siniestralidad. No les resulta negocio y prefieren salirse de un mercado -el corporativo- que representa un ingreso considerable”.
La siniestralidad en el sector de medicina prepagada y en las aseguradoras que ofrecen pólizas de asistencia médica tiene que ver con el monto de indemnizaciones que deben realizar las empresas a sus afiliados o clientes. En el 2014, el mercado tenía una siniestralidad de USD 290 millones en promedio, y con la aprobación de la ley la cifra se duplicaría, indicó el titular del CEE.
La terminación de 170 000 contratos corporativos por parte de Salud S.A. significará unos USD 64 millones menos de ingresos al año, lo cual tendrá un impacto en el sector de medicina prepagada.
El primer efecto será una reducción del tamaño el mercado, aunque algunas pólizas se deriven a otras firmas. También, afectará a una “decena de empleos” vinculados a la gestión de estas pólizas, sostuvo Aspiazu.
Además, dijo que con la ampliación de la cobertura para personas de la tercera edad, con enfermedades catastróficas y otras, como plantea el proyecto de ley, el costo de las pólizas y planes pueden incrementarse hasta un 50%. Algunas firmas ya están evaluando este tema para comunicar a sus afiliados, pero no dio nombres.
Salud S.A. es una de las empresas de medicina prepagada más grandes en el país. En el 2015 la firma reportó ingresos por USD 151 millones y un margen de utilidad de USD 10,5 millones, según la Aeemip.
El martes pasado (4 de octubre), el presidente Rafael Correa respondió a las críticas de las empresas de medicina prepagada al proyecto de ley. Dijo: “como hay gente que ha pagado su medicina prepagada y que probablemente vaya al IESS o a un hospital público (para hacerse atender), les estamos diciendo que esos costos tienen que cubrirlo como si fuera un hospital privado. Y nos están diciendo que eso les va a hacer quebrar, entonces en sus planes de negocios están contemplando que parte de sus clientes los atienda el Estado. Eso es impresentable”.
Para este sector ya está vigente la Ley de Incentivos, que está por publicarse en el Registro Oficial. Esta norma, en cambio, propone incentivos para que las empresas contraten el servicio de medicina prepagada para sus empleados, ya que podrán deducir el 100% de esos gastos.
El sector analiza el efecto que pudiera tener en el aumento de afiliaciones, pero anticipó que es difícil de medirlo en un año en que las empresas buscan ahorrar costos.
