22 de enero de 2019 19:55

Salud modifica el modelo de atención a personas con adicciones

Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Las personas que necesitan tratamiento por adicción a las drogas ahora tendrán el acompañamiento de su familia para que el paciente acepte, según el MSP. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

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Redacción Guayaquil

Pasar por un proceso de desintoxicación era el requisito de base para acceder al programa ambulatorio intensivo o a los centros especializados en el tratamiento de adicciones del Ministerio de Salud Pública.

El Gobierno revisó y modificó ese esquema para mejorar su efectividad, como explicó la ministra Verónica Espinosa. “Probablemente, la modalidad que aplicábamos tenía esa restricción”, reconoció este martes 22 de enero de 2019, durante el anuncio en Guayaquil.

En adelante el sistema recibirá a usuarios con consumo activo en hospitales como el Guasmo Sur, en el caso de Guayaquil, y otros establecimientos de salud, donde comenzarán la desintoxicación. En esa fase se trabajará con el paciente y su familia, para que luego acepte, voluntariamente, empezar un tratamiento permanente.

“Este cambio en la modalidad nos permitirá dar la opción a que los jóvenes se desintoxiquen y puedan integrarse al sistema de salud público, sin que tengan que pasar por un proceso de obligatoriedad en el que sus padres, en algunos casos, los encadenen o forzosamente empiecen el tratamiento”, dijo la ministra.

El esquema para personas con consumo problemático de drogas del MSP tiene cuatro fases: el ambulatorio general, que se brinda en 743 centros de salud del país; el ambulatorio intensivo, que se oferta en 48 centros; el residencial, en 12 centros especializados en tratamiento de adicciones o Cetads; y 46 unidades de salud mental que funcionan en hospitales.

Madres como Virginia cuestionan ese modelo de atención. “En los centros de salud solo les dan paracetamol cuando están en abstinencia y los mandan a la casa. Y hay que esperar meses para una cita, después de que estén desintoxicados; mientras tanto, las familias sufrimos”.

Ella optó por internar a su hijo en un centro de rehabilitación del noroeste de Guayaquil. El lugar fue clausurado la mañana de este martes y algunos de sus residentes no sabían dónde acudir.

El Gobierno anuncia este cambio en la atención 12 días después del incendio en un centro que funcionaba en el suburbio de Guayaquil, sin permisos. Los pacientes eran encerrados con candado; 18 fallecieron en un angosto baño, donde buscaron refugiarse de las llamas.

El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, reiteró que los controles a los centros privados de rehabilitación se mantendrán. Y que, al menos durante 90 días, las clausuras se suspenderán.

En ese tiempo se desarrollará un diálogo con los propietarios de estos establecimientos, para analizar la posibilidad de flexibilizar algunos requisitos para su legalización y si podrán funcionar por categorías. “Hay que centros que podrán dar, desde el inicio, todas las fases: desintoxicación, tratamiento médico (…). Pero no todos pueden dar todo”.

En esta semana ya han acudido 82 propietarios de clínicas a las reuniones con las autoridades en la Gobernación. “Aquellos centros que no estén dentro de este proceso sí serán categorizados como clandestinos”, advirtió Ledesma.

Quienes dirigen la casa de rehabilitación a la que acudía el hijo de Virginia aseguran que han asistido a estas reuniones. Sin embargo, el local fue cerrado.

“Nos sacaron, nos llevaron al centro de salud de Ciudad Victoria y después nos dejaron botados”, contó Kevin, uno de los jóvenes que volvió al centro clausurado, rogando que lo abran nuevamente para no regresar a la calle. Por la tarde, un grupo de madres buscaba en medio de la desesperación a sus hijos.

La ministra Espinosa ofreció acompañamiento y asesoramiento a las clínicas privadas para que cumplan con los requisitos y las terapias de calidad. A la par anunció “mano dura y firme” para quienes opten por continuar en la clandestinidad.

La funcionaria reconoció que la demanda es mayor a la oferta de servicios. En el caso de Guayaquil, Salud reportó el año pasado 13 300 atenciones en sicológica por drogas, en el ambulatorio básico; de ellos, 6 900 pasaron al ambulatorio intensivo, con terapias más frecuentes.

Para cubrir la brecha, la ministra anunció la construcción de un complejo de atención integral en Guayaquil. Dijo que será el más grande del país y su costo será de USD 14 millones. Por ahora, USD 4 se usarán para los estudios y diseños. La obra tomará dos años y aún no se define dónde se ubicará.

Este espacio proyecta atender a 7 000 usuarios al año. Atenderá en la modalidad ambulatorio intensivo, tendrá 20 camas para desintoxicación e integrará tres Cetads: para hombres, mujeres y adolescentes. Además tendrá una unidad de acogida transitoria para los hijos de madres con problemas de consumo.

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