El presidente Rafael Correa durante el enlace sabatino 492, desde Galápagos. Foto: flickr Presidencia de la República
El presidente Rafael Correa, durante su Enlace Sabatino 492 de este 10 de septiembre del 2016, hizo un recuento de las obras que ha hecho el Gobierno en Galápagos, así como de la legislación impulsada.
Reconoció que la denominada Ley Galápagos (aprobada en junio pasado) generó reacciones en contra, pero según él fue a causa de la desinformación de los sectores de oposición. Correa señaló que se hizo un estudio técnico para determinar el salario adecuado de los trabajadores en las islas.
Esto en función del Índice de Precios del Consumidor (IPC); es decir, de lo que más se consume en el Archipiélago. Así, se determinó que en Galápagos un funcionario público debe ganar un 80% más que en el continente y no el 100% como ocurría antes de la normativa.
Es decir, si un profesional ganaba USD 1 000 en el Ecuador continental, en las islas deberá percibir USD 1 800 y no USD 2 000. La aplicación de este índice, agregó Correa, no tiene efecto retroactivo, por lo cual los sueldos de los funcionarios públicos del Archipiélago no se vieron afectados.
“Era una pugna de poderes de estos grupos a los que ya nadie les hace caso y por eso generaron incidentes. Y el mayor argumento, que incluso sirvió para que un asambleísta nuestro nos traicione y obviamente pues el otro asambleísta de Galápagos haga gala de su demagogia fue el IPC”.
El Mandatario mostró una presentación donde se daba cuenta que en el 2016 ninguno de los 2 192 empleados públicos se vio afectado. Además recordó que en el 2017 se congelarán los salarios públicos hasta que estos converjan con el IPC. Y que los 5 799 trabajadores en relación de dependencia, privados, el 70% (4 053) se ha visto beneficiado con un incremento de su salario, porque ellos ganaban antes solo el 75% más que en el continente.
Luego indicó que al aprobarse la Ley que rige a las islas, se incorporan algunos beneficios como acceso preferente para galapagueños para usufructo de los recursos naturales, definición de categorías migratorias, fortalecimiento de sanciones por delitos ambientales, aumento en la recaudación por concepto de turismo, entre otros.