La Fiscalía rastrea el dinero que salió ilícitamente de Petroecuador. Por eso indaga un presunto lavado de activos, uno de los delitos más graves -junto con peculado- contra la Administración Pública.
El Código Integral Penal (COIP) sanciona este delito con penas de hasta 13 años de cárcel, según el artículo 317. Hasta ahora, la Fiscalía tiene tres casos abiertos y 60 sospechosos, entre contratistas y funcionarios públicos.
Dos expedientes se encuentran en indagación previa, que es la fase reservada de la investigación. En el tercer caso ya terminó la instrucción y ahora el fiscal debe emitir un dictamen en el que puede acusar o absolver a los involucrados en este entramado.
Este proceso es el de Dora G. y Fernando A., suegra y cuñado de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la estatal petrolera. Él está vinculado con juicios por presunto cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado.
La próxima semana, el fiscal del Guayas, Walter Jaramillo, tiene previsto solicitar una audiencia preparatoria de juicio y allí presentará las evidencias que existen en contra de los familiares de Pareja y decidirá si pide o no que se los llame a un juicio.
Dora G. y Fernando A. fueron procesados el pasado 3 de noviembre, en Guayaquil.
Un día antes, la Policía allanó una vivienda ubicada en la av. Del Ejército y Quisquis (centro de la urbe) y decomisó USD
51 740, que estaban escondidos en fundas plásticas y otros 2 000 euros en efectivo.
Además, halló contratos de Petroecuador y documentos de Pareja y su esposa, quienes se encuentran fuera del país.
Por los otros dos casos de lavado, la Fiscalía ha realizado más de 100 diligencias y 15 pedidos de asistencia penal internacional a siete países: Panamá, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Bahamas, Islas Caimán e Islas Vírgenes.
Además, se ha solicitado la apertura de cuentas bancarias creadas en el extranjero, que sirvieron para recibir dinero de posible origen ilícito.
El 27 de octubre, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presentó una denuncia contra Pareja por supuesto lavado, pues hasta esa fecha la Fiscalía solo lo había procesado por cohecho, un delito menor, que tiene penas de uno a siete años de cárcel.
Según el COIP, el lavado se da cuando una persona usa, maneja, transfiere o se beneficia de dinero de origen ilegal.
Hasta el momento, la Fiscalía ha indicado que Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, también procesado por enriquecimiento ilícito y cohecho, recibió USD 12 millones de supuestos sobornos de proveedores petroleros en la cuenta de su ‘offshore’ Girbra, en el Helm Bank de Panamá.
A través de esta cuenta se hicieron pagos a otras ‘offshore’. El dinero de las presuntas coimas incluso ingresó en el sistema financiero mediante la compra de relojes por un monto de USD
124 000 o el pago de su boda , avaluada en USD 123 747.
Para el asambleísta Christian Viteri, quien también presentó una denuncia por lavado, la única forma de conocer a fondo qué pasó con esos recursos es rastrear las cuentas de los beneficiarios.
El 24 de noviembre, él pidió al Fiscal que indague 45 cuentas bancarias y que solicite asistencias penales a 8 países.
El fiscal Galo Chiriboga dijo que la entidad ha requerido, desde mayo de este año, datos a todas las naciones en donde están domiciliadas las compañías que recibieron o transfirieron dinero a Girbra.
Se tratan de empresas de papel, es decir, que no tuvieron actividades comerciales, como las panameñas Esdoar, Ivisahe, Radoes y Gevabra, vinculada con Bravo. O Kilkenny Business, en Bahamas, supuestamente relacionada con Marco Calvopiña, otro detenido por este caso.
“Son millones de dólares, dinero del pueblo ecuatoriano. Tenemos que saber qué se hizo y dónde está”, aseguró Viteri. Él ahora se encuentra en Europa y ha afirmado que rastreará las transferencias.