15 de enero de 2020 12:19

Ministra Romo critica a la CIDH y califica de 'sesgado' el informe sobre el paro de octubre de 2019

La titular de la Cartera de Estado señaló que el régimen no quiere que se repita un escenario de violencia como el de octubre, pero considera que para lograrlo, es clave que cada uno de los involucrados asuma las consecuencias de sus actos.

La titular de la Cartera de Estado señaló que el régimen no quiere que se repita un escenario de violencia como el de octubre, pero considera que para lograrlo, es clave que cada uno de los involucrados asuma las consecuencias de sus actos. Foto: Cortesía Ministerio de Gobierno

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Andrés García
Redactor (I)

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La ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó de “sesgado” el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referente a los hechos suscitados durante el paro nacional de once días que ocurrió en el país, durante octubre del 2019.

Este miércoles, 15 de enero del 2020, la Secretaria de Estado señaló en una entrevista en Sonorama que existen recomendaciones con las cuales coinciden, como iniciar un proceso de diálogo para informar a las personas que podrían ser afectados por las medidas económicas que adopte el régimen.

Pero en otros casos, como el secuestro a policías o la retención de periodistas, sostuvo que al Gobierno le “sorprende” la postura de la Comisión. De hecho, cuestionó que no se haya considerado el secuestro de policías y militares en los informes, y que solo se hable de retención a miembros de la fuerza pública.

“El papel de estos organismos no es sesgar su mirada, sino darnos una mirada lo más amplia y objetiva posible, para que cada uno de los involucrados asuma su responsabilidad”, sostuvo la funcionaria.


Entre las 11 conclusiones de la CIDH, se recomienda al Estado investigar y sancionar cualquier acto que pueda ser una ilegalidad, ya sea desde el comportamiento del Estado y sus agentes, o desde quienes realizaron actos vandálicos, refirió Romo.

La titular de la Cartera de Estado señaló que el régimen no quiere que se repita un escenario de violencia como el de octubre, pero considera que para lograrlo, es clave que cada uno de los involucrados asuma las consecuencias de sus actos. “No es tan fácil como decir unos buenos otros malos, es un fenómeno complejo, fue una crisis compleja”.

Para la ministra, estos organismos (CIDH), ”a los cuales el Presidente Lenín Moreno devolvió el respeto y autoridad”, tienen la obligación de “tener una mirada realmente más honesta sobre lo que está sucediendo y no adoptar ningún sesgo. Que sea capaz de tener un informe con neutralidad”.

Señaló que otro sesgo del informe es considerara que “las 11 personas fallecidas eran indígenas” y sostuvo que el Gobierno está interesado en que se aclaren esos fallecimientos. Volvió a decir que hay casos en los que no se les puede atribuir esas muertes al Estado y explicó que es obligación de la Fiscalía investigar esos hechos.

“Lamentablemente creemos que hoy el mecanismos del Sistema Interamericano se ha olvidado de quienes fueron sus principales verdugos (correísmo), de quienes dijeron que era Vachagnon, que recogía basura. Y hoy la utilizan también en esta estrategia, que de alguna manera pretende poner en duda las responsabilidad de quienes hoy están contentándole al país las causas en las que están involucrados”, comentó Romo.

A pesar de su postura, aseguró que el Gobierno responderá el informe de la CIDH y dijo que sus críticas no son comparables con la posición que tuvo el expresidente Corre con respecto al Sistema Interamericano.

Además, al finalizar la entrevista, señaló que el Gobierno responderá a la CIDH sobre las medidas cautelares otorgadas al exvicepresidente Jorge Glas, pero refirió que no hay que olvidar que “está preso porque tiene una sentencia”.

Sobre la prefecta de Pichincha Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, quienes también recibieron medidas cautelares de la CIDH, sostuvo que a su criterio hay “información abundante y suficiente para imputarles el delito de rebelión”, aunque aclaró que el Gobierno no es parte procesal en ese caso.

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