El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se acoge al derecho a la resistencia, consagrado en la Carta Política. Es la primera vez que tiene un pronunciamiento que rechaza frontalmente una decisión de algún organismo del Estado que roza su gestión.
Ayer, 29 de diciembre, Rodas anunció que no pagará la multa de 10 salarios básicos (equivalente a USD 3 400) que le impuso la Superintendencia de Comunicación (Supercom), como primera autoridad del Cabildo, acusándolo de censura previa por la suspensión de la retransmisión de un programa a través de las radios municipales. Señaló que, como ciudadano, lo hace en ejercicio de su derecho a la resistencia.
El Alcalde cree que la resolución de la Supercom, que lo encuentra responsable de infringir la Ley de Comunicación, tiene claras motivaciones políticas. “Es una resolución que forma parte de una campaña sistemática que nosotros hemos venido enfrentando, de quienes parece no quieren aceptar los resultados del 23 de febrero del 2014”.
Esta es la primera vez que Rodas da una respuesta que no lo pone en una situación conciliadora. Por ello, el analista político Luis Verdesoto y el jurista Santiago Guarderas coinciden en verla como algo positivo.
“Era ya deseable un cambio de estrategia del alcalde Rodas frente a un escenario en el cual es evidente que Alianza País tiene como propósito deslegitimar su actuación”, asegura Verdesoto. El analista cree que esta sanción es una provocación con la que se abre el debate para un nuevo año, que lleva la disputa entre el Gobierno central y el local fuera de los principios de las relaciones políticas.
La sanción impuesta al Burgomaestre es la primera por censura previa desde que se aprobó la Ley de Comunicación, en junio del 2013. También, es la primera vez que se sanciona a un funcionario público por incumplimiento de esa normativa.
Sin embargo, para Rodas, la Supercom no demostró que se hayan incumplido las condiciones establecidas en el artículo 18 de la ley de medios, que prohíbe la censura previa “por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”.
Por ello, el Cabildo prevé plantear una acción en el Tribunal Contencioso Administrativo en los próximos días para tratar de revertir esa resolución. Además, no pagará la multa, que debía ser depositada en la cuenta de la Supercom hasta mañana, 1 de enero.
¿Puede un servidor público hacer uso del derecho a la resistencia? Guarderas señala que todo funcionario es un ciudadano, por lo que puede ejercer este derecho en contra de los abusos del poder. “En este caso, la decisión de la Supercom no es jurídica sino política, y de ahí que queremos ver una posición del Alcalde de no sumisión”.
La multa derivó de una denuncia del portal informativo Ecuadorinmediato, después de que se suspendiera por dos días la retransmisión programa ‘El poder de la palabra’ en dos radios municipales. Este Diario buscó la versión del gerente Francisco Herrera Arauz, sin embargo se informó que daría a conocer su punto de vista sobre el anuncio del Alcalde en una rueda de prensa hoy.
La Radio Municipal y Distrito FM son las emisoras del Cabildo, que dependen directamente de sus recursos y no pautan publicidad.
Según Rodas, desde el inicio de su gestión se ha tratado de diversificar los contenidos que se transmiten por esos medios, por lo que descarta el señalamiento de censura previa.
Este Diario también intentó buscar la versión de la Superintendencia, no obstante nunca contestaron los teléfonos fijos ni móviles de los encargados de Comunicación de esta entidad. De acuerdo con la normativa, si no se cancela la multa, la Supecom debe enviar el caso a la Contraloría para que esta dé inicio a una coactiva.
En contexto
Ecuadorinmediato y el ciudadano Kléber Quintana denunciaron en mayo al alcalde Rodas por incumplir la Ley de Comunicación al no haber las radios municipales retransmitido el programa ‘El poder de la palabra’. La Supercom resolvió el 24 de diciembre último.
