Todo sucedió rápido. En el accidente, registrado en Santa Elena, fallecieron tres personas y 10 quedaron heridas. Los paramédicos que llegaron al lugar encontraron a las víctimas acostadas en medio de la maleza y atrapadas entre los fierros de los dos autobuses.
En medio de la tragedia, desconocidos aprovecharon la poca luz de la noche y la confusión para llevarse mochilas, cámaras, dinero, celulares, y bolsos de los accidentados.
Al menos cinco extranjeros que viajaban en uno de los vehículos reportaron la desaparición de pasaportes, identificaciones y tarjetas de crédito.
Pese a las denuncias y tras cuatro meses del siniestro, la Policía aún no identifica a los sospechosos. Lo que sí advierten es que ese caso evidenció un delito frecuente en el país que no se judicializaba: el robo a víctimas de siniestros viales.
Esto lo reconoce el ministro del Interior, Diego Fuentes, quien en una entrevista con este Diario reveló que desde el accidente de los turistas han detectado que desconocidos aprovechan los choques para robar objetos de los autos e incluso arrebatar los bienes de los bolsillos de las víctimas.
Eso le ocurrió a José Luis Flores, un joven que hace cinco meses se impactó con otro vehículo en Esmeraldas. También, era de noche y solo recuerda que tras el choque no podía moverse. Un hombre le ofreció ayuda, tomó su celular y llamó a una ambulancia. Luego se llevó el teléfono.
El joven le pidió que se lo devolviera, pero el desconocido huyó.
Algo similar le ocurrió a Jesús Torres, otro conductor que se volcó en mayo en la av. Simón Bolívar, en Quito. Era de madrugada y perdió el control.
Un vehículo que estaba detrás se paró y se bajaron dos jóvenes.
Ellos le sacaron la billetera del bolsillo y el celular. “Estaba aturdido por el golpe, me dijeron que me iban a ayudar, pero me robaron todo”.
Fernando Paredes cuenta una situación parecida. Su madre falleció hace tres años en un accidente. Los familiares la hallaron sin un collar, un brazalete y un anillo que llevaba puestos en la celebración de la que salió esa noche.
En estos tres casos, los parientes de las víctimas no denunciaron los robos, sino que se concentraron en los procesos legales relacionados con los accidentes.
Precisamente eso hace que judicialmente los casos no existan y tampoco haya una estadística específica.
El Ministerio del Interior reconoce que era una práctica común y corriente, y calcula que en cada robo el perjuicio puede superar los USD 1 000.
Actualmente, las autoridades levantan una base de datos, pues entre enero y noviembre en el país hubo 27 443 siniestros. En el mismo tiempo del 2015 se reportaron 32 260.
Por ejemplo, el 20 de septiembre, Maribel Vaca viajaba en una buseta desde Machala a Loja. El vehículo se volcó y la llevaron a una casa de salud.
Perdió una laptop, un celular y USD 400. A su hermana, la Policía le entregó el bolso vacío. “Dijeron que solo eso encontraron”. No denunció.
Por ello, el Gobierno implementó un plan de recompensa y pagarán hasta USD 20 000 a quienes informen sobre los responsables de los robos en accidentes.
Luego de las primeras investigaciones se ha detectado que estas personas (no están consideradas como grupos delictivos), llegan a los sitios del percance, simulan ser familiares e, incluso, acuden a hospitales para reclamar las pertenencias.
Eso también lo conoce Christian Rivera, paramédico del COE de Quito. Él ha atendido a víctimas de accidentes por más de 27 años. En su experiencia ha visto cómo desconocidos se llevan piezas de los vehículos accidentados.
Incluso los socorristas han sido víctimas de los asaltos. Rivera cuenta que durante su trayectoria profesional los desconocidos han asaltado a su equipo de apoyo.
A ellos les sustrajeron botiquines valorados en más de USD 1 200. “Recuerdo que en una ocasión estábamos atendiendo a los heridos y se llevaron los equipos que estaban en las ambulancias”.
Los transportistas de buses interprovinciales también han sido asaltados cuando han sufrido siniestros. En la terminal Quitumbe, cinco choferes que cubren rutas a la Amazonía, Costa y Sierra contaron que en choques graves, lo que primero desaparece son las encomiendas.
Por eso hay empresas de transporte que han contratado aseguradoras, porque cuando hay un percance los parientes de los pasajeros llegan después y les reclaman a ellos.
Ahora la Policía ha montado un contingente para custodiar las pertenencias. Eso se evidenció en el accidente de Oyacoto, el pasado 8 de diciembre, en donde murieron 14 personas y se consideró el hecho más grave del 2016.
Un grupo de uniformados custodió las maletas y la mercadería que los accidentados traían de Colombia.
En España o Chile estos delitos son penados con cárcel y multas, pues a más de la sanción por el robo, la norma establece un castigo por no ayudar a los afectados.
El Código Penal (art. 189) fija que un robo en el que no se amenace o atemorice a las personas sino que solo se lleve las pertenencias violentando las seguridades será sancionado con cárcel de entre tres y cinco años.
En contexto
La Policía Nacional habilitó la línea telefónica 1 800 delitos con el fin de receptar las denuncias en este tipo de robos. Además de esta medida, un equipo especializado de agentes de Inteligencia y de tránsito es el encargado de indagar estos hechos.