Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Foto: Galo Paguay / El Comercio
Entrevista a Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción.
¿Cómo afectan al sector productivo las medidas económicas del Gobierno?
Por principio no estamos de acuerdo con medidas que afecten al comercio, el cual está ligado a la actividad industrial. Entendemos la situación del país, por la caída de los precios del petróleo, pero aspiramos a que haya una depuración de los listados de productos que pagan salvaguardias, ya que hay muchas materias primas y el efecto puede ser perverso.
¿Por qué?
Por un lado se limitan las importaciones y por otro se puede frenar la actividad productiva. Es importante evaluar la temporalidad de las medidas, para que empresarios e inversionistas puedan planificar. Igual de relevante es precautelar el mercado andino. Del total de exportaciones a la Comunidad Andina, más del 80% son bienes industriales.
¿Se prevé una retaliación por la aplicación de salvaguardias a Colombia y Perú?
Es lo que se debe evitar y el Ministerio de Comercio ha dado un paso importante al dialogar con Colombia y Perú. También hay que esperar también el pronunciamiento de la Comunidad Andina y respetarlo.
El Gobierno aplica las salvaguardias y luego se sienta a negociar con los vecinos. ¿Cómo se explica?
Se debió conversar antes. La autoridad tomó la decisión, supongo, analizando la urgencia de la medida. Lo importante es que se está dialogando.
¿Qué empresas ya sienten los efectos de las salvaguardias y el ajuste de aranceles?
Uno de los sectores más golpeados será el automotriz, que ha tenido una reducción en los cupos de importación por varios años, y ahora tiene que enfrentar una nueva restricción. Los planes de negocio para este año ya se están afectando. Unas empresas están haciendo ajustes de corto y mediano plazos, otras evalúan la diversificación de su portafolio de proveedores en el exterior y el efecto de los mayores aranceles.
¿Por qué los empresarios no fueron parte en la definición de estas medidas?
En la definición de estas medidas no hubo el espacio para conversar. Entiendo que fue porque el Gobierno estaba presionado por la caída del precio del petróleo, pero espero que en el futuro se abra ese espacio de diálogo. Este es uno de los temas urgentes para este año: sentar las bases para un mayor protagonismo de la inversión privada. Y para eso es necesario tener un diálogo mucho más fluido que permita encontrar consensos.
¿Ese diálogo público-privado funcionó el 2014?
Pudo haber sido más productivo. Si bien hubo señales positivas como el acuerdo con la Unión Europea, el trabajo con Yachay y con Proecuador, el panorama al final del año se complicó con el envío de una ley laboral, la cual no fue dialogada de manera tripartita. También se emitió la Ley de Incentivos, que generó una mayor carga tributaria para las empresas. Fueron oportunidades perdidas. En el caso de los alimentos, luego de discusiones con los ministerios de Salud y de la Producción hubo más de 20 reformas sobre etiquetado. La regulación para los alimentos hiperprocesados, por ejemplo, sigue abierta y no hay certezas para planificar a largo plazo.
¿Qué plantean para mejorar ese diálogo?
Hemos solicitado al Presidente que se reciba al sector productivo, con el fin de realizar propuestas y conversar sobre la realidad empresarial. El Presidente aceptó ese pedido.
¿Cuándo será la reunión?
Aún no hay fecha. Estamos definiendo los temas, pero el mensaje es que el sector privado está aquí para aportar.
¿En qué?
Primero, en capear este año, sosteniendo las exportaciones, aumentando el ingreso de divisas al país y evitando que los impactos de un año difícil se trasladen al sector privado. Pero más allá de la afectación por las medidas del Gobierno, este año debemos sentar las bases para institucionalizar ese diálogo público-privado, que nos permita pensar en el largo plazo, con un mayor protagonismo de la inversión privada.
¿No existe ese protagonismo de la empresa privada?
En el 2006, la inversión privada representaba el 81% del total y la pública el 19%. En el 2013, la estructura cambió: el 56% fue pública y el 44% privada. Aunque el total de la inversión ha venido creciendo, la inversión privada no fluye como debería.
¿Por qué?
Creemos que es por la volatilidad de las normas. Hay un constante vaivén normativo en el país, lo cual hace que el inversionista nacional y extranjero tome precauciones. Las normas deben ser claras, previsibles y estables, pero en el país se emiten ocho normas diarias relacionadas con el aparato productivo, en diferentes ámbitos: societario, tributario, aduanero, técnico, etc.
Si se garantiza esa estabilidad normativa en la reunión con el Presidente, ¿será suficiente para que repunte la inversión privada este año?
La inversión no se genera de un momento para otro.
Pero la inversión privada se necesitará este año para que se mantenga el empleo.
Hay dos mecanismos para hacerlo. Uno es identificar los proyectos donde el Estado tenía previsto invertir para que ahora lo haga el sector privado. Estamos dispuestos a sumar en la medida que haya un esquema claro de participación. Y lo otro es la inversión de mediano y largo plazos. Este año es delicado, pero hay que proyectarse a largo plazo, con normas estables, una agenda comercial clara, fortaleciendo el diálogo público-privado y tomando decisiones que envíen señales positivas. El empleo debe ser el factor alrededor del cual podemos dialogar, ya que el 85% del empleo en el país está vinculado con la actividad privada.