8 de octubre de 2020 00:05

Richard Martínez enfrentó cinco temas complejos en sus 2 años y 4 meses en el cargo

El presidente Lenín Moreno anunció ayer, 7 de octubre del 2020, que Mauricio Pozo (d) ocupará el Ministerio de Finanzas. Foto: cortesía Presidencia

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Redacción Negocios
y Política
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Richard Martínez dejó ayer, 7 de octubre del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, a siete meses de que termine el mandato del presidente Lenín Moreno.

El exministro reconoció que asumir el cargo en mayo del 2018 fue un desafío complejo, pues cuando llegó el déficit en el presupuesto se proyectaba en USD 8 000 millones. “Logramos cerrar ese año en unos 3 300 millones de déficit”. Este año que deja su cargo, el déficit se proyecta otra vez en 8 000 millones, por una crisis agudizada por la pandemia.

Martínez destacó que en su gestión se intentaron bajar gastos que en otras administraciones siempre habían crecido, como el de salarios.

El saliente funcionario deja el cargo con miras a ocupar la Vicepresidencia
de países del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Según Martínez, Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, lo postuló. El Directorio aún debe conocer y ratificar esta decisión.

El anuncio generó dudas, debido a que el artículo 153 de la Constitución señala que quien haya sido ministro de Estado no podrán ser funcionario de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

El BID ha entregado USD 393 millones este año en recursos al país.

Martínez dijo que no tiene impedimento. “Es un multilateral de desarrollo, tiene como accionistas a países. El artículo aplica a entes con fines de lucro e intereses particulares”.

Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), señala que el BID es una institución financiera acreedora del país, por lo que solo podría ser analista para este ente.

Rafael Oyarte cree que hay un problema de jurisdicción para aplicar la norma. “La Constitución rige en Ecuador, pero no en EE.UU. u otro país, por lo que no se le puede decir al BID que aplique esa norma. Este artícu­lo ya se cuestionó hace 12 años, por inaplicable. En todo caso, lo que Martínez no podría ser es representante del BID en Ecuador”.

La deuda externa en bonos se renegoció

Martínez logró canjear, en agosto, USD 17 375 millones en bonos por nuevos papeles. Con ello se redujo el capital en 1 500 millones, las tasas bajaron de 9% a 5% y los plazos de pago se extendieron hasta el 2040.

Para ese acuerdo, Martínez dijo que era necesario el pago de una deuda de bonos por USD 341 millones, en marzo pasado. La decisión fue criticada, porque el pago se dio en uno de los meses más duros de la pandemia.

Además, reprogramó pagos con los bancos chinos CDB y Eximbank, por USD 891 millones.

Los multilaterales dieron más crédito


Los préstamos de multilaterales se incrementaron en la gestión de Martínez. Desde el 2003 Ecuador no recurría a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero en su gestión el organismo aprobó dos acuerdos. Pese a que el primero -firmado en el 2019- se canceló, por errores en las cifras, el ente accedió a un nuevo programa extraordinarios por USD 6 500 millones.

Otros multilaterales también incrementaron el financiamiento, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Leyes económicas se aprobaron

La primera ley económica que se aprobó en su período fue la de Fomento Productivo, que planteó incentivos para nuevas inversiones y una polémica amnistía tributaria. La Asamblea negó en noviembre del 2019 la Ley de Crecimiento Económico, un extenso cuerpo legal de 404 artículos que incluía reformas monetarias. En su lugar, el Ejecutivo envió un proyecto más modesto, el cual fue aprobado. Este año entraron en vigor la Ley de Finanzas Públicas, que pone techo al gasto público, y la Ley Humanitaria.

Retiro de subsidios generó protestas

Martínez anunció que se buscaría focalizar los subsidios a los combustibles, sin tocar al gas. El primer paso fue liberar el precio de la súper en el 2018. En octubre del 2019 se optó por eliminar de un solo golpe las subvenciones al diésel, extra y ecopaís, lo cual desató una violenta ola de protestas y causó pérdidas por USD 821 millones. El Gobierno dio marcha atrás y desde julio rige un sistema de bandas, que permiten ajustar el precio un 5% cada mes, al alza o la baja, según la fluctuación del precio del crudo.

Juicios políticos siguen su marcha

Pese a la salida del ministro Martínez, los cinco pedidos de juicio político continuarán su trámite en la Asamblea, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña. Él recordó que la Constitución obliga a los ministros y otras autoridades a ser interpeladas por el Parlamento hasta un año después de haber dejado el cargo, aunque reconoció que, con la renuncia, ahora un juicio no tiene mucho sentido. Las solicitudes aún no llegan para su trámite en la Comisión; reposan en la Presidencia de la Asamblea.

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