Santiago Zeas. Corresp. en Bogotá
El arresto del universitario que amenazó por Internet al menor de los hijos del presidente Álvaro Uribe pasó de un hecho anecdótico a un tema polémico y de debate en Colombia.
En principio, el caso no pasó de ser una de las tantas amenazas que circulan por las redes sociales virtuales y que, en general, no se les presta mayor atención.
Sin embargo, la forma diligente en que las autoridades actuaron para detener a Nicolás Castro, el estudiante de bellas artes de 23 años que creó un portal en contra de Jerónimo Uribe, puso en el centro de la discusión un tema que resulta incómodo al Gobierno. Este es el desequilibrio con el que los sistemas policial y judicial actúan en casos en los que el afectado tiene una relación cercana a la Casa de Nariño.
Todo comenzó en julio, cuando se detectó la existencia de una cuenta en Facebook llamada Me comprometo a matar a Jerónino Uribe. Tras la difusión de la noticia, el hijo del Primer Mandatario no dudó y de inmediato entabló la denuncia para que se inicien las investigaciones. Por entonces no tuvo mayor relevancia.
Pero a diferencia de otros casos, en que otros personajes públicos han formulado denuncias similares, esta vez la Dirección de la Policía Judicial (Dijin) encontró en menos de cinco meses al presunto culpable de querer asesinar al menor de los Uribe. Incluso recién esta semana se conoció que solicitó ayuda al FBI estadounidense para realizar las pesquisas.
A esto se sumó la decisión de un juez de dictar de manera inmediata prisión contra Nicolás Castro, quien pertenece a una familia acomodada de Bogotá, bajo el cargo de “instigar a delinquir”.
Las complicaciones para el universitario no quedaron ahí. Tras una audiencia, fue presentado ante los medios de prensa como un delincuente sentenciado.
De hecho, la Fuerza Pública lo condujo esposado hasta la cárcel de La Picota, reconocida por albergar a “terroristas”. Además, las autoridades policiales llegaron a insinuar que Castro es parte de redes internacionales que fomentan actos terroristas, ya que en su ordenador rastrearon visitas a portales de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de Al Qaeda, del fugitivo saudita Osama bin Laden.
El caso cobró luego mayor relevancia, a tal punto que la influyente revista colombiana Semana lo analizó en su tema principal de la edición que circula desde ayer. En la conclusión de su enfoque, la publicación señaló que resulta curioso que ninguno de otros casos similares anteriormente haya arrojado resultados.
En efecto, la senadora liberal Piedad Córdoba, abierta opositora al gobierno de Uribe y que desde ciertos círculos del oficialismo es tildada como aliada de grupos insurgentes y Venezuela, exigió que también se investiguen con celeridad sus denuncias por amenazas contra su vida.
En lo que va del año, Córdoba denunció la existencia de al menos 30 grupos en Internet que, amparados en el anonimato, han amenazado contra su integridad.
Para la periodista y politóloga Jimena Duzán, el caso deja flotando la inquietud de si los organismos de inteligencia actúan bajo directrices políticas para favorecer solo a los actores políticos que en el momento ejercen el poder.
Castro sigue recluido en La Picota, a la espera del fallo del juez. De encontrarlo culpable por “instigar” a cometer delitos, el universitario bogotano puede recibir una condena de entre cinco y 10 años de prisión.
Un sitio que incita a la violencia
La pesquisa que permitió dar con Nicolás Castro comenzó el 9 de julio, cuando apareció en Facebook un grupo llamado Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe. La página fue bloqueada y comenzó a ser rastreada por expertos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), que pidieron ayuda al FBI de EE.UU.
La publicación en Internet decía, entre otras cosas, que el grupo fue creado “para aquellos que quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante ilegítimo, masacrador, genocida, cobarde, monstruo, llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos criminal y no menos bárbaro hijo Jerónimo Alberto Uribe”.
La semana anterior, los hijos del Presidente, Jerónimo y Tomás Uribe, habían expresado que no sienten “rencor” por la persona que fue capturada después de amenazar al primero a través de la red social Facebook.
“Sin perjuicio de la acción de las instituciones de justicia, deseamos al señor Castro que pueda resolver sus asuntos ante la Fiscalía, de tal manera que pueda continuar con sus estudios y retomar su vida familiar”, señaló una nota de los hijos del Mandatario. “Repudiamos cualquier acto de terrorismo, tal como lo es la instigación al homicidio, independiente de su motivación y de quien lo lleve a cabo”, añadieron en la nota difundida por la Casa de Nariño. DPA