21 de September de 2009 00:00

Revolución de papeles

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Carlos Larreátegui

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La Constitución de Montecristi, cuya legitimidad y autenticidad ha sido puesta en duda por algunos de sus redactores, establece que en un plazo máximo de 360 días contados a partir del 20 de octubre del 2008, se aprobarán 11 leyes sustantivas que contienen la verdadera “revolución” del Gobierno en temas económicos, políticos y sociales. Los 11 cuerpos normativos no podrían ser más importantes: funcionamiento de la Corte Constitucional, regulación del uso del uso del agua, participación ciudadana, comunicación, educación, servicio público, Defensoría Pública, Registros Civil, Mercantil y de Propiedad, descentralización y reordenamiento territorial, seguridad pública y el código penal militar y policial.

Pretender discutir y aprobar en algo más de un mes leyes de tanta complejidad y trascendencia es un acto temerario e irresponsable frente al país. Es humanamente imposible que los asambleístas aborden con seriedad y prolijidad el estudio de materias tan intrincadas y diversas. Cualquier democracia medianamente seria procesaría estos temas con detenimiento y cuidado, incorporando criterios técnicos que los asambleístas no poseen ni podrían poseer. En Ecuador, sin embargo, Alianza País prefiere dejar para el final la aprobación de temas legislativos importantes y sacralizarlos luego bajo la teoría de los hechos consumados. La Asamblea de Montecristi desperdició infamemente su tiempo y al final votó y aprobó la Constitución en trozos gigantescos e indigeribles. El Congresillo asumió una representación y autoridad no conferida por nadie y dejó para el final leyes fundamentales que las aprobó a destajo. La Asamblea pretende ahora aprobar 11 cuerpos legales en 5 semanas, es decir, algo más de dos leyes por semana. Olvidamos con frecuencia que la vigencia de las leyes exige más que procedimientos formales y fuerza. Sin legitimidad, una norma jurídica está condenada a desaparecer por vía del legítimo derecho a la resistencia o por el relevo normal del grupo que detenta momentáneamente el poder.

Se debe reconocer que la Asamblea actual no tiene responsabilidad alguna en este caos. Los verdaderos culpables son Alianza País, el “Congresillo” y el Consejo Nacional Electoral que retrasaron interesada e irresponsablemente la instalación de la nueva Asamblea. Recordemos las dilaciones injustificadas en la entrega de resultados electorales que solo buscaban inyectar oxígeno a un Congresillo temeroso de que la nueva Legislatura no se inclinara sumisamente ante las propuestas del Ejecutivo.  En todo caso,  si la Asamblea Nacional acomete la discusión de estas leyes a troche y moche y emula al tristemente célebre Congresillo en sus atropellos, los legisladores habrán traicionado a sus electores y habrán convertido la “revolución ciudadana” en simples papeles que un tiempo relativamente corto se encargará de incinerar.

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