La revocatoria de los permisos de operación en Quito ya no va

En vías como la av. Patria, fue evidente la reanudación del servicio de transporte.

En vías como la av. Patria, fue evidente la reanudación del servicio de transporte.

En vías como la av. Patria, fue evidente la reanudación del servicio de transporte. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El gremio del transporte público de Quito levantó su medida de suspensión del servicio tras el anuncio del alcalde Mauricio Rodas de que el pasado sábado 26 de agosto de 2017 se iniciaría el proceso de revocatoria de permisos de operación si continuaba el paro.

Darío Tapia, secretario de Movilidad del Distrito, indicó que dado que los transportistas levantaron la medida, el proceso de revocatoria no se llevó a cabo, aunque hay otro tipo de sanciones en curso.

La revocatoria de los permisos de operación es un proceso contemplado en la Ordenanza 247. En el artículo I.465 , en el literal f, se indica que una de las causales para la revocatoria es “no operar la totalidad de la flota vehicular, por un plazo de 24 horas para las modalidades de Transporte Público Urbano, Intraparroquial e Interparroquial”.

Los transportistas anunciaron el jueves que la suspensión del servicio la iniciarían a las 00:00 del viernes. A las 20:00 de ese día, dijeron que levantaban la medida y que el servicio se reanudaría el sábado con las 59 operadoras autorizadas y cuya gran mayoría (unas 53) no dieron el servicio durante todo el viernes.

La noche de ese viernes, Jorge Yánez, dirigente del transporte, dijo sobre un eventual proceso de revocatoria de los permisos de operación que “el servicio público de transporte es el que se ha hecho con inversión del Municipio, es decir el Trolebús o la Ecovía”.

Según su criterio, si estos servicios se hubiesen suspendido, el Alcalde hubiese tenido la potestad de iniciar acciones legales. Agregó que su gremio es inversionista privado, sujeto a un contrato, que puede darse por terminado desde el Municipio o desde las empresas. Eso los hacía sentirse tranquilos frente a un posible proceso de revocatoria que, al final, no se dio.

Lo que sí continúa es el proceso en la justicia ordinaria. La jornada de paralización se cerró con 14 personas detenidas que fueron puestas en manos de la Fiscalía. Según Tapia, ellos están en un proceso penal, y varios de ellos se encuentran con orden de prisión. “Incluso, algunos que salieron, permanecen con brazalete electrónico mientras duran las investigaciones”, informó.
El Secretario anunció que el 5 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para los detenidos.

La noche del viernes, cuando levantaron la medida, José Santamaría, presidente de la Cámara Provincial de Transporte, dijo que rechazaban “todos los actos vandálicos que se han ocasionado, vengan de donde vengan”. También ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes causados.

Ayer sostuvo que estaban verificando si todos los detenidos pertenecen al gremio o si hay “personas infiltradas” que quieren dañar la imagen de los choferes. Aseguró que los abogados de la Cámara han acudido varias veces a la Unidad de Flagrancia para ayudar a aclarar los hechos y determinar responsabilidades.

También hay expectativa en relación a la denuncia penal que el Municipio puso el viernes en la Fiscalía por el delito de paralización de un servicio público. Se basó en el artículo 346 del Código Integral Penal y también del artículo 326 de la Constitución de la República.

Los transportistas argumentaron en su momento que la suspensión se debió a que la tarifa actual no cubre sus gastos de operación.

El jueves pasado, el Concejo Metropolitano no concluyó el segundo debate de la ordenanza a través de la cual se esperaba que el pasaje pasara de USD 0,25 a USD 0,30. El documento fue devuelto a la Comisión de Movilidad, que sesionará mañana en la tarde para seguir el análisis del texto.

Tapia aseguró que luego de lo del viernes, la ciudad tiene un modo diferente de ver las cosas. El asunto ya no se centra solo en tarifas y costos.

“Este rato no estamos enfrentando un tema de alza de tarifas, sino algo más de fondo: la calidad del servicio. Si los transportistas quieren que se les suba un centavo, deben tener el condicionamiento de una norma técnica que garantice al usuario que recibirá un buen servicio”.

El movimiento en las calles de la capital volvió a ser el de siempre desde la mañana de ayer. Los cerca de 2 000 buses que paralizaron sus servicios, volvieron a cubrir sus rutas. En vías como la Mariscal Sucre, la América, la Machala y la Brasil, se observó a pasajeros que aguardaban en sus respectivas paradas, y varias unidades que se detenían para que la gente pudiera abordar.

Mariana Cueva, de 60 años, vive en San Juan y de lunes a sábado va a San Carlos, donde trabaja. Usualmente aborda dos buses. Pero el viernes, optó por tomar un taxi. En lugar de cobrarle los USD 5 que cuesta la carrera , le cobraron USD 8.

Los corredores centrales también funcionaron con normalidad ayer. Paola Pozo, de 21 años, comentó que el viernes se tardó casi el triple de lo normal para llegar desde el Seminario Mayor hasta el Parque Bicentenario, debido a la cantidad de gente. Pero ayer, en la parada Vaca de Castro, demoró un minuto en tomar un bus.

Quienes viven en los sectores de la Roldós y Pisulí agradecieron que el servicio se normalizara. Paula Cajas comentó que no pudo ni salir de su casa el viernes; debió excusarse en su trabajo. “La mayoría de vecinos bajó caminando más de 30 minutos”, contó.

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