Una cita con Lenín Moreno piden defensores de derechos de mujeres, niños, adolescentes y Lgbti

El presidente Lenín Moreno anunció por medio de una cadena nacional este 12 de septiembre del 2018 que enviará un nuevo proyecto de la Ley Anticorrupción a la Asamblea Nacional. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno anunció por medio de una cadena nacional este 12 de septiembre del 2018 que enviará un nuevo proyecto de la Ley Anticorrupción a la Asamblea Nacional. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos piden reunión con el presidente Lenín Moreno. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Una reunión de carácter urgente e indelegable le solicitan al presidente Lenín Moreno. ¿Quiénes? Defensores de derechos humanos, especializados en defensa contra la violencia a la mujer, niños, adolescentes infractores, personas de la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti), entre otros.

El pedido lo firman delegados de organizaciones como la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), Pacto Social por la Niñez y la Adolescencia, Coalición de Mujeres, Surkuna, Fundación Ecuatoriana Equidad, CARE, Representantes de sobrevivientes de abuso sexual caso Aampetra, Colectivo Lgbti Somos Diverso, Fundación Aldea, Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Quito, entre otros.

¿Qué les preocupa? No han sido tomados en cuenta, no han escuchado su pedido de integrar mesas de diálogo para decidir qué entidades se encargarán del trabajo que coordinaban con el Ministerio de Justicia. Por eso hablan de “emergencia social y de vulneración de derechos”.

A través del Decreto 491 se fijó un plazo de 30 días para diseñar salidas a la optimización institucional, que dio lugar a la eliminación de esa Cartera. Eso se encargó a las secretarías Jurídica y General de la Presidencia de la República y Senplades. Ese tiempo se cumplirá el próximo domingo 23 de septiembre.

Uno de los temas que les preocupa es que no existe una entidad rectora de la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cuyo reglamento se aprobó en mayo. Eso, dicen, pone en riesgo la implementación de la norma, lo que incrementa la vulnerabilidad de miles de mujeres, niñas y adolescentes.

“Las organizaciones de mujeres y feministas hemos demandado desde hace más de un año la declaración del estado de emergencia debido a la prevalencia e incremento de este tipo de violencias, que cada tres días cercena la vida de una niña o mujer, y que permite que cada cuatro horas una mujer, niña o adolescente sea víctima de violencia sexual”.

En el tema de adolescentes infractores, señalan, que la eliminación de la instancia de protección de derechos pone en peligro los avances alcanzados en la incorporación del enfoque restaurativo en el ámbito de la justicia penal juvenil.

En cuanto a la población Lgbti dicen que es sistemáticamente discriminada, por lo que se requieren políticas públicas, instituciones y acciones afirmativas, así como mecanismos y protocolos de protección de sus derechos. Esa competencia la tenía Justicia.

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