Ayer concluyó la reunión extraordinaria de representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe con la aprobación de la Declaración de Quito, en la cual exige al Congreso Nacional de Honduras el restablecimiento del orden constitucional y legal en ese país, y la restitución incondicional e inmediata en el ejercicio de su cargo al presidente Manuel Zelaya.
El documento condena enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno Constitucional de la República de Honduras; expresa al pueblo hondureño la solidaridad y apoyo en estos momentos y demanda que los derechos fundamentales de sus ciudadanos sean respetados en forma irrestricta.
Asimismo, respalda y se adhiere a las expresiones de rechazo emitidas por organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Unasur, Grupo de Río, Mercosur, Unión Interparlamentaria, Parlamento Latinoamericano, Caricom, Parlamento Andino, entre otros.