9 de noviembre de 2018 15:54

Resolución generará precedente para destitución de asambleístas

Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La legisladora, Sofía Espín, tiene 24 horas para presentar las pruebas de descargo certificadas sobre la investigación en su contra. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política

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Al interior de la Asamblea continúan las reacciones en relación al curso del proceso disciplinario que afronta la asambleísta correísta, Sofía Espín, cuyo tratamiento se retomaría la próxima semana.

Después de que el Pleno suspendiera el la noche del jueves 8 de noviembre del 2018, la secretaria del Parlamento, María Rocha, notificó hoy, 9 de noviembre, a Espín para que en un plazo de 24 horas presente las pruebas de descargo certificadas sobre la investigación en su contra.

Espín aseguró a la prensa que cumplirá con ese trámite, aunque ella y su bloque calificó de “grave ilegalidad” a que el Pleno suspendiera el trámite. “Seguramente ayer no contaban los votos. Es una jugada como en los tiempos del viejo Congreso Nacional”, manifestó.

La separación del puesto solo se dará si 91 de los 137 asambleístas votan a favor, es decir, con las dos terceras partes (o mayoría absoluta) del Parlamento, de acuerdo con una resolución aprobada con 87 votos.

La fórmula planteada por Fernando Flores, legislador de CREO, con el argumento de que se trata de un cargo de elección popular. Existía un vacío legal y el número de votos que se requiere ahora es igual al que se necesita para la destitución de un Ministro de Estado.

El legislador Fabricio Villamar manifestó que su colega se fue en contra de un criterio mayoritario del bloque de que la decisión se debía tomar con una votación simple, es decir, de 71 curules.

“Prefiero pensar que fue una ingenuidad a pensar que fue un acto de mala fe”, manifestó Villamar, quien cree que el bloque tendrá que tomar una resolución al respecto.

El malestar lo comparte Eliceo Azuero, del Bloque de Integración Nacional. Sin embargo, ratificó que su grupo apoyará la destitución de Espín “por incompatibilidad de funciones” al haber visitado a una testigo protegida del caso Balda.

A juzgar por las mayorías móviles que operan en el Pleno, para muchos legisladores aún no está claro si finalmente habrá las voluntades para la separación de Espín. Lo que sí está claro es que generará un precedente para futuros casos de este tipo.

De hecho, en el caso del juicio político al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la inasistencia de 66 parlamentarios impidió que en octubre el Pleno reúna los votos para censurarlo por supuesto incumplimiento de funciones.

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