En la gráfica aparecen los presos recluidos en la cárcel de Latacunga. De este centro ha salido en libertad la mayor cantidad de detenidos. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Tres meses después de que la Corte Nacional de Justicia eliminara la acumulación de penas por drogas, 352 presos han logrado rebajar sus sentencias. 71 ya están libres y 281 siguen presos, porque aún no cumplen las sanciones que recibieron.
¿Cómo opera este esquema? Con la decisión del alto tribunal, para fijar las condenas solamente se toma en cuenta una droga (la de mayor peso y pureza) y no todas las halladas en poder de los procesados. Además, le medida rige para quienes ya están encarcelados por tráfico de alcaloides. Por eso, los defensores públicos presentaron las solicitudes judiciales para que se revisaran las sentencias.
Por ejemplo, Gladis -detenida en julio del 2017 con 2 gramos de cocaína y 163 g de pasta base- logró que se le tomara en cuenta solo el narcótico de mayor peso y su permanencia en la cárcel se redujo de ocho a cinco años. Pero no puede salir porque aún le faltan tresaños.
Con Marcelo ocurre lo mismo. En el 2015 la Policía lo detuvo con fundas de narcóticos en sus bolsillos. En el 2016, los Tribunales de primera y segunda instancias ordenaron 13 años de prisión por expender tres tipos de drogas (43 gramos de cocaína, 166 g de pasta base y 4 424 g de marihuana).
Su abogado solicitó que la Corte Nacional analizara ese fallo. Tras una audiencia, el Tribunal Penal le redujo la condena a cinco años. Todavía debe cumplir dos más.
Estos datos reposan en la Defensoría Pública. De hecho, Ricardo Morales, coordinador de Gestión de esa entidad, aseguró que esta reforma va a contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria en el país. “Es una forma de ayudar en algo, para que se reduzca la actual crisis penitenciaria”.
El Pleno de la Corte Nacional consideró que la acumulación de penas causó “un incremento desproporcionado de los casos de delitos de drogas”.
Además, personal que recientemente manejó la Dirección de Rehabilitación indicó que esa medida fue una de las causas para que hubiese un repunte en el hacinamiento, que actualmente bordea el 42%.
Las cárceles de donde más presos salieron en libertad son la de Cotopaxi con 26 personas, El Rodeo (Manabí) con 20 y la de Santo Domingo de los Tsáchilas con ocho beneficiarios.
Una de las favorecidas fue Joselyn. Ella salió de prisión el pasado 7 de junio, porque su abogado solicitó que se la juzgara solo por la droga con el peso más alto que el resto de narcóticos decomisados.
Con eso consiguió que su pena, interpuesta inicialmente por traficar dos tipos de alcaloides (23 gramos de marihuana y 86 g de cocaína), se redujera de 32 a 20 meses de cárcel. Ella ya había pagado 21 meses y pudo dejar la prisión.
Mariela también está libre. En noviembre del 2017, en un operativo en Quito, la Policía le decomisó 77 gramos de marihuana y 5 g de cocaína.
Un Tribunal le acumuló dos sustancias y la sentenció a dos años por tráfico de drogas. Estaba recluida en Cotopaxi.
Luego, en abril de este año, su abogada solicitó a una jueza que se tomara en cuenta solo la sentencia por marihuana.
La petición fue aceptada y ella quedó libre, pues ya estaba un año y seis meses en prisión.
Harrison Salcedo, abogado experto en temas penitenciarios, dijo que los altos niveles de hacinamiento son una de las principales causas de los últimos hechos violentos en las penitenciarías. Por eso, el jurista considera que esta decisión de la Corte “ayudará a descongestionar las cárceles”.
La violencia hizo que, el pasado 16 de mayo, el presidente Lenín Moreno decretara un estado de excepción en todo el sistema de rehabilitación.
El viceministro del Interior, Patricio Pazmiño, compareció este miércoles 19 de junio del 2019 en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Legislatura y presentó un informe sobre los hechos que se registraron en los centros. Confirmó que entre enero y junio de este año se reportaron 19 muertes violentas.
El abogado Salcedo dijo que esta decisión del alto tribunal es “correcta y va acorde a la actual problemática carcelaria”.
Informes oficiales muestran que el 28,63% de los presos está recluido por drogas y es la primera población penitenciaria.
Otra persona que estaba detenida por ese ilícito y salió libre es Wilson. Su abogado solicitó que le rebajaran la pena a su cliente. Pagaba ocho meses y desde enero de este año estuvo recluido en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito.
Un juez le rebajó la sentencia a cuatro meses y salió libre el pasado 1 de mayo.
Otra de las beneficiadas fue Miriam. El año pasado, agentes hallaron en su poder dos tipos de droga. Entonces fue condenada por un Tribunal a permanecer dos años recluida en Cotopaxi. Su abogada solicitó que su defendida fuera juzgada solo por un tipo de narcótico.
Una jueza analizó el caso y después de una audiencia judicial le redujo la condena a un año. Ella ya había estado recluida un año y tres meses.
Por eso, la magistrada emitió una boleta de excarcelación y salió en libertad.
