En Bahía de Caráquez el terremoto destruyó 55 edificios. 19 de esos se encuentran en proceso de demolición. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO
La pérdida de viviendas y edificios durante el terremoto del 16 de abril del 2016 hizo que los municipios voltearan la mirada hacia sus normativas que regulan las construcciones y los permisos para edificar nuevos inmuebles.
Las ordenanzas que existían no eran tan estrictas para el cumplimiento de las normas de la construcción.
En Manabí, por ejemplo, los cabildos de los cantones Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Manta y Portoviejo aprobaron reformas a sus ordenanzas y los requisitos se volvieron más estrictos para avalar los permisos. El de construcción y para la aprobación de planos son los principales. Esto fue posible tras las resoluciones administrativas de las direcciones de planificación aprobadas por los Concejos Municipales.
Estas modificaciones se implementaron desde julio del año pasado y actualmente sirven para ejercer controles en los predios en reconstrucción y en los nuevos que se levantan. Las normativas de los seis cabildos coinciden en al menos dos aspectos.
Ponen énfasis en un acta con los nombres y las firmas de responsabilidad de los profesionales que diseñan los planos estructurales, arquitectónicos, sanitarios, eléctricos. Además, el nombre y versión de la norma utilizada en el diseño estructural, cargas, resistencia y especificaciones de los materiales.
El otro aspecto es el estudio de suelo y sus especificaciones técnicas. Los requisitos que ahora piden estos municipios superan los 12 y 18 ítems.
En las inspecciones que hacen los comisarios de construcciones se trata de priorizar a los predios privados donde se podrían dar las informalidades.
Para la presidenta del colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, Fanny Farías, lo que se está haciendo es acatar el artículo 48 de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y el artículo 51 del Registro de Construcción que establecen esas condiciones para que se cumplan con construcciones sismorresistentes.
El terremoto evidenció que las construcciones no fueron levantadas con materiales adecuados y por eso las casas aportaron con mayores colapsos a escala nacional.
Según la Secretaría de Planificación y Desarrollo, el sismo dejó 29 000 viviendas colapsadas y afectadas en Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Bolívar.
De todos los municipios, el de Pedernales, donde ocurrió el epicentro del terremoto, es el que más avances tiene en cuanto a los controles de las nuevas especificaciones.
El hotel Royal, en Pedernales, se levanta con una nueva técnica de construcción sustentada en estructuras de hierro. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO
Sus autoridades quieren que no se repita la experiencia de ese entonces cuando el 70% de los 7 000 predios urbanos catastrados se perdió.
El comisario de Construcciones, René Moncayo, asegura que de las 70 construcciones particulares aprobadas este año, 40 se suspendieron por incumplir requisitos.
Los propietarios iniciaron las obras sin contar con la aprobación de planos de un arquitecto o ingeniero y también porque en el transcurso de los trabajos se modificó el tipo de material que se había previsto en un principio.
A lo largo de la calle García Moreno, en el centro de esa urbe, se observan casas reconstruidas y otras por acabar con sellos de color rojo con la palabra suspendido o clausurado. El adhesivo no es definitivo, pero se le da un plazo de 20 días al dueño del inmueble para que cumpla con los temas pendientes ante el Municipio.
Jhonny Vélez, un comerciante de la zona, tramita el levantamiento del sello de clausura luego de que contrató a un arquitecto para que respondiera en el Cabildo por una puntualización.
Se lo señala de haber modificado la estructura del segundo y tercer piso de su predio de hormigón por una metálica. Por ahora tiene prohibido usar los locales comerciales del segundo piso y está preocupado porque en la construcción invirtió los ahorros del patrimonio familiar.
Rubén Molina, jefe de proyectos de la Comisaría de Construcciones de Pedernales, dice que técnicamente no está mal la obra, pero el cambio ya implica una responsabilidad que debe ser justificada.
Ese departamento realiza controles tres días a la semana para que las nuevas obras o reconstrucciones cumplan con las normativas.
Los seis cantones que implementaron nuevas regulaciones fueron parte de las 97 indagaciones que la Fiscalía General practicó luego del terremoto. Se hicieron análisis geotécnicos, estructurales, tipos de suelo y de resistencia.
Los expertos de esa entidad concluyeron que el uso de arena de mar y varilla lisa contribuyeron en el debilitamiento y posterior caída de las edificaciones.
Para el perito Guillermo Irigoyen esos materiales tienen comportamientos peligrosos en territorios de la Costa debido a que la salinilidad incide en el aumento de la corrosión del hierro. En el informe que este ingeniero estructural dio en Montecristi (octubre del 2016), también señaló que bajo esas condiciones el hormigón no responde a una adecuada compactación.
Otros expertos hablan de que a partir del sismo se ha creado conciencia en cuanto al cumplimiento de las normas. Para el ingeniero civil de la constructora Inmosolución, Marco López, la apuesta de este momento son las construcciones de hormigón con estructura de acero.
“Este tipo de construcciones en un movimiento sísmico trabaja a flexión; se mueve de un lado a otro y por eso son sismorresistentes”.