7 de julio de 2020 00:00

Los reportes sobre delitos sexuales a escala nacional van en aumento

La Ley en Ecuador no obliga a las víctimas de violación a presentarse en la audiencia de juicio. Sin embargo, la joven decidió dar su testimonio ante el Tribunal Penal, "para que ninguna otra mujer pase por lo que yo sufrí". Foto: Twitter / Fiscalía

Una mujer acudió la semana pasada a las oficinas judiciales para conocer la sentencia en contra de quienes la secuestraron y la violaron. Foto: Twitter / Fiscalía

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Diego Puente
Redactor (I)

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Los informes muestran un aumento a escala nacional. Si bien los reportes sobre delitos sexuales se redujeron en marzo, tras el estallido de la pandemia, a la fecha se presentan 325 casos por semana. Esa estadística es casi similar al comportamiento de enero y febrero.

Informes de la Fiscalía señalan que en esos meses había hasta 355 registros semanales.

La entidad sabe que el confinamiento hizo que las víctimas no puedan denunciar delitos como violaciones, acosos o abusos. Por eso, el 20 de abril se habilitó una herramienta virtual para que se enviasen detalles de las agresiones.

Mayra usó este canal el 5 de junio. Lo hizo luego de que su pareja la golpeara y la forzara a tener relaciones sexuales.

Las investigaciones determinaron que tras el ataque, él buscó incomunicarla y le quitó el celular. En la tarde, ella se conectó a la Internet mediante la computadora de su hija.

En el expediente, la mujer cuenta que para no levantar sospechas le dijo a su pareja que revisaría los deberes de la niña.

Tras tener acceso a la Red, ingresó a la página de la Fiscalía y denunció. Dos horas después, una mujer se comunicó al teléfono convencional y se hizo pasar como familiar para que el esposo le pasara la llamada.

La mujer confirmó el ilícito y la Policía envió a dos agentes para rescatarla y a un fiscal para procesar al sospechoso.

Desde el 16 de marzo, cuando comenzó la emergencia, hasta el 28 de junio se registraron 893 violaciones.

El Código Penal (art. 171) sanciona este ilícito con cárcel de hasta 22 años. También se registraron 980 denuncias por abuso y 277 por acoso.

Un protocolo de 20 hojas, firmado por la Fiscalía, la Corte Nacional, el Servicio de Gestión de Riesgos y otras entidades públicas, señala que las denuncias se pueden reportar en las unidades de flagrancia, a través del ECU-911, 1800 delito, en las unidades de Policía o por cualquier otra vía electrónica.

El 13 de junio pasado, una madre colocó la denuncia en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Loreto (Orellana) al enterarse que su hija había sido violada por su pareja la noche anterior. Una fiscal y agentes de Policía acudieron a la vivienda para detener al presunto agresor, que hoy guarda prisión preventiva hasta que terminen las investigaciones.

En cambio, el 28 de mayo una mujer de Cayambe (Pichincha) pidió auxilio al ECU-911. Los agentes que atendieron la emergencia capturaron a su pareja. La víctima relató que su conviviente la golpeó y después la violó en su propio domicilio. En el informe médico legal se establecieron graves lesiones en sus genitales.

Según datos de la Fiscalía, Pichincha, Guayas, Pastaza y Esmeraldas son las provincias con más números de casos.

Una de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos es que durante la emergencia y por el confinamiento, las víctimas y los agresores comparten espacios.

Anaís Córdova, de Alianza Mateo -coalición de cuatro organizaciones que busca frenar los ataques contra las mujeres- señala que 80% de los abusos sexuales y violaciones se da en ambientes familiares. Ese porcentaje lo presenta con base en informes previos a la emergencia. Señala que hoy esa cifra pudo haberse incrementado.

Ella pide que cuando se presenten estos casos se garantice que el agresor no vuelva a la casa donde habitan las víctimas.

También señala la necesidad de brindar una atención integral a las afectadas y garantizar que no haya impunidad.

En medio de la pandemia, los agentes que conocen casos de violencia de género continuaron con las pesquisas. La idea es tratar de evacuar todos los casos que se encuentran acumulados a escala nacional.

El jueves pasado, los magistrados sentenciaron a un hombre acusado de violar a su hijastra, de 12 años, en Ambato.

El proceso comenzó en el 2016, pero se interrumpió cuando el sospechoso se fugó.

Las diligencias se retomaron el pasado 5 de marzo, cuando fue capturado en medio de la crisis por el covid-19. Tras una audiencia, los jueces le interpusieron una pena de 12 años.

El pasado jueves se conoció también la sentencia para dos hombres que secuestraron y violaron a una mujer en el 2019. Al igual que el caso anterior, las diligencias continuaron pese a las restricciones impuestas por el riesgo de contagio.

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