El Pleno realizó el 12 de junio el primer debate del proyecto económico urgente, que plantea incentivos productivos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El primer debate del proyecto de ley económico urgente se llevó a cabo el martes, 12 de junio del 2018, entre desacuerdos de los asambleístas, sobre todo por las propuestas de condonación de impuestos y eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD).
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que analiza la iniciativa, inició la sesión con una explicación del tratamiento realizado al documento desde el 4 de junio.
El proyecto de ley llegó al primer debate con cinco capítulos, 49 artículos, 10 disposiciones generales y 14 transitorias. La iniciativa legal plantea modificar 103 artículos de 19 cuerpos legales.
Albornoz señaló que la propuesta de ley tiene beneficios para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como para los emprendimientos y las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS).
Uno de ellos es la remisión o amnistía del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales -incluido el RISE-, aduaneras, entre otras.
Para Albornoz, esta medida es importante y requiere el respaldo para que el Gobierno obtenga una liquidez de USD 602 millones en el 2018.
Sin embargo, hasta las 18:00 de ayer los legisladores, principalmente de las bancadas de Revolución Ciudadana (correístas), hicieron observaciones a la propuesta.
El asambleísta Mauricio Proaño, por ejemplo, señaló que el beneficio es positivo, pero debe aplicar únicamente para empresas que nunca hayan participado de procesos de amnistía. El legislador indicó que el Ejecutivo no ha entregado la lista de los grupos económicos que se beneficiarán de esta medida.
La asambleísta María Mercedes Cuesta, de Fuerza Popular, pidió que la restricción sea para quienes se han acogido a las dos últimas remisiones.
Pero para legisladores como la correísta Soledad Buendía, la medida no debe ser aceptada ya que promueve la cultura del no pago de impuestos.
Aunque Fernando Burbano, de Creo-Suma, señaló que la remisión beneficiará más a las grandes empresas, cree que es necesaria para generar ingresos y cubrir “el despilfarro del anterior Gobierno”.
Asambleístas de los bloques de Fuerza Ecuador y Revolución Ciudadana también pidieron la eliminación de la disposición general tercera, que limita el pago de las utilidades a los trabajadores cuando las empresas se acojan a la amnistía tributaria.
La ley debe especificar que “no se afectarán los derechos laborales”, enfatizó Cuesta.
El asambleísta correísta, Pabel Muñoz, expuso el caso de un grupo de trabajadores que en anteriores amnistías no cobraron más de USD 12 millones de utilidades.
Otro punto que generó división de criterios en el Pleno fue la disminución gradual hasta llegar a la extinción del ISD.
Inicialmente, el Ejecutivo planteó la posibilidad de una reducción gradual a cargo del Ministerio de Finanzas. Pero la Comisión de Desarrollo Económico modificó esta disposición para que sea el Presidente de la República quien reduzca el ISD desde el siguiente ejercicio fiscal, hasta su eliminación.
El asambleísta Patricio Donoso, de Creo, respaldó el ajuste realizado en la Comisión porque este tributo ha encarecido las actividades productivas del país.
Homero Castanier, también de Creo, apoyó la eliminación del impuesto porque ahuyenta las nuevas inversiones.
Para legisladores correístas como Sofía Espín, no hay justificación para eliminar el ISD. Argumentó que las cifras evidencian un crecimiento económico y eso, según ella, refleja una recuperación de la actividad de las empresas.
Proaño propuso mantener el ISD para evitar la salida de divisas del país y no poner en peligro la dolarización.
Los incentivos para atraer nuevas inversiones productivas recibieron el apoyo de los asambleístas. Hasta las 18:00, el debate seguía en el Pleno.