Redacción Política
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catalina Botero, se pronunció ayer sobre la agresión contra los periodistas de Teleamazonas la tarde del martes, en el norte de Quito.
La reportera, Ana María Cañizares; el camarógrafo, Manuel Tumbaco, y el asistente de cámara, Francisco Quinzo, se dirigían a la sede del canal, luego de realizar una cobertura de la sesión de la Asamblea. En el trayecto, una camioneta, que los había seguido por varias calles, los interceptó frente al restaurante Los Álamos.
De la camioneta se bajaron dos hombres que golpearon a Tumbaco y Quinzo. El camarógrafo pudo grabar parte del ataque.
La representante internacional. en una carta pública, evidenció su “gran preocupación por la situación que están viviendo los periodistas” de ese canal. Destacó la importancia de que el Gobierno hubiera condenado estos hechos.
Esa reacción se presentó un día después del ataque. En el periódico oficial de la Presidencia de la República, El Ciudadano, se difundió el rechazo a la agresión: “El Gobierno de la Revolución Ciudadana repudia el atentado del que fue víctima un equipo de noticias de Teleamazonas”.
En esa misma noticia se menciona que ante estos hechos, el Ministerio de Gobierno dispuso realizar una investigación para determinar los móviles de la agresión y a sus autores. También se insiste en que se garantizará el respeto a la libertad de expresión.
Sin embargo, la Relatora de la ONU resaltó la necesidad de que se investigue este caso rápidamente para que los responsables sean juzgados y sancionados.
Recordó que para combatir cualquier agresión de grupos intolerantes contra medios y periodistas se debe “impulsar una cultura de respeto y tolerancia por el pensamiento diverso”.
El 1 de octubre pasado, la Relatoría pidió a las autoridades del país que se abstengan de hacer declaraciones que, de alguna manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social”.
Justamente, ayer simpatizantes del Gobierno y detractores de periodistas del canal, como Jorge Ortiz, realizaron una quema simbólica del presentador con un monigote (foto). Además, defienden la resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones que suspendió las transmisiones de esa estación por 72 horas.
Esa resolución también fue analizada por la Relatora. Ella sostuvo que: “La suspensión temporal o definitiva de las emisiones de cualquier medio, como resultado de una sanción administrativa, en cualquier Estado parte de la Convención Americana sobre DD.HH., es objeto de atención especial, en consideración al impacto y a la relevancia que una decisión podría tener para la libertad de expresión.
El abogado del canal, Pablo Ortiz, anunció que hoy presentará una demanda por la agresión del martes en contra de los periodistas de ese canal. Asimismo, ayer presentó en la Fiscalía la denuncia por prevaricato contra el superintendente Fabián Jaramillo.