La presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, anunció el 16 de julio del 2019 que en este año no se realizará la elección de Reina de Quito. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
“Una competencia ‘feroz’ entre familias, para que su hija resulte elegida, un gasto innecesario de recursos económicos, que muchas veces implicaba deudas para adquirir trajes y costear peinados, fiestas, etc. Eso se detectó en la elección de las Reinas de la Ruralidad (parroquias rurales de Quito), en un proceso de observancia de política pública, realizado entre el 2017 y 2018.
A cargo de la observancia estuvo el Consejo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la capital. La entidad además identificó que participaban niñas menores de 18 años. Y que había un “impacto psicológico en las participantes que no ganaban el reinado, y que ratificaba su situación de ‘inferioridad’ por no cumplir con cánones de belleza exigidos socialmente”.
Al final los integrantes del Consejo de Protección presentaron unas recomendaciones, que fueron asumidas por la Comisión de Desarrollo Rural del Concejo Municipal de Quito. Ellos incorporaron un artículo en la Ordenanza número 216, aprobada en julio del 2018, hace un año. En ella se prohíbe la participación de niñas y adolescentes en esos eventos de belleza realizados en las parroquias rurales del Distrito.
Este miércoles 17 de julio el 2019, el Consejo de Protección de Derechos recordó ese informe, en un comunicado, con la coyuntura del anuncio del Municipio de suspender la realización del Reina de Quito. La mañana de hoy, incluso, Liliana Yunda, presidenta del Patronato Municipal San José, aclaró “no hemos delegado a ninguna institución pública o privada la realización del Reina de Quito”.
Según la Municipalidad, no se realizará este concurso de belleza, como parte de la política de revalorización de la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos, para proyectar a Quito como una ciudad de igualdad”.
Por eso, recordando el antecedente de lo ocurrido con las Reinas de la Ruralidad, el Consejo de Protección de Derechos “celebró la medida adoptada por el Municipio”.
Y la concejala Gissela Chalá y Sybel Martínez, presidenta y vicepresidentas del Consejo de Protección del Derechos, exhortaron a las autoridades a que esa decisión “se extienda hacia la formulación de una política de no utilización de fondos públicos para reproducir actividades que sostienen la violencia simbólica a través de la cosificación de la mujer y redireccionando dichos recursos a la prevención y protección de las mujeres en todo su ciclo de vida”.
Para el Consejo, la elección del Reina de Quito y de cualquier otro reinado producen una “forma de violencia simbólica, que reproduce los estereotipos y prácticas machistas, clasistas, racistas y coloniales, que clasifican a las mujeres, según conceptos discriminatorios que otorgan valor por sus atributos de belleza física y bondad, perpetuando la idea de que hay una forma de ser mujer, la blanca, espigada, delgada, ‘guapa’, heteronormada”.