7 de agosto de 2018 00:00

Regularización de taxis se vuelve a aplazar

El alcalde Rodas intervino en la sesión en la que se debatió el futuro de los taxis. Foto: EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

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Solo una semana más esperarán los taxistas que buscan su regularización, antes de tomar medidas de hecho. Si en ese plazo el Concejo Metropolitano de Quito no plantea una solución definitiva a este proceso, los postulantes bloquearán las vías de la capital.


Así lo anunció Fernando Valdez, presidente de la Federación de Taxis Ejecutivos del Ecuador. Él considera que en los últimos meses se ha dado largas al tema y eso perjudica a los postulantes. Calcula que cada uno ha invertido unos USD 25 000 en cumplir con todos los requisitos para obtener un permiso de operaciones.

Por ello calificó a la sesión extraordinaria realizada ayer como una pérdida de tiempo en la que, tras cuatro horas de debate, se anunció “lo que ya sabíamos”, un nuevo plazo.

El Concejo aprobó una resolución que dispuso a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y a la Secretaría de Movilidad recabar en una semana información sobre las acciones de la Fiscalía en la investigación de los procesos relacionados con taxis y buses.

Regularización de taxis se vuelve a aplazar


La justicia indaga actualmente denuncias acerca de supuestos cobros indebidos para la entrega de nuevos cupos de taxis. También se investigan los mecanismos de pago de compensaciones a transportistas públicos por mejoras en la calidad del servicio.

La resolución surgió de una moción presentada por el edil de Alianza País, Jorge Albán. Esta, a su vez, se basó en la copia de un documento de la Fiscalía que la concejala independiente Luisa Maldonado recibió. Se trata de una solicitud de la Fiscalía Provincial de Pichincha a la Contraloría para que designe un grupo de auditores que analice el proceso de calificación de idóneos para nuevos cupos de taxis.

También se pide una auditoría sobre la adjudicación del contrato a la empresa que definió el número de unidades que deben regularse así como las compensaciones a buses.

La Fiscalía pidió resultados en máximo 180 días. El alcalde Mauricio Rodas y los directivos de la Secretaría de Movilidad y AMT aseguraron que no conocían de ese requerimiento fiscal. Luisa Maldonado los criticó por no estar al tanto del avance del proceso judicial.

Según el procurador municipal, Gianni Frixone, se trata de un impulso fiscal para que la Contraloría revise los procesos. Pero explicó que eso se suma al pedido enviado por el Municipio al ente de control, el 27 de mayo. La Contraloría respondió el 8 de junio que el tema sería considerado en las próximas acciones de control previstas para el Municipio.

Una de las principales dudas en el Concejo es si existe la posibilidad legal o no de que el proceso de regularización continúe mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Los concejales resolvieron que la Procuraduría deberá pronunciarse por escrito sobre el tema y aclarando cuál sería el mecanismo. Esto, debido a que gran parte de la documentación sobre la regularización está en custodia judicial.

Además, la Alcaldía deberá presentar una propuesta de reforma a las ordenanzas 195 y 177, que norman la asignación de cupos de taxis. Esta podría incluir la ampliación de cupos.

Frixone dijo que es importante construir una alternativa que no afecte a los postulantes. Los resultados de las auditorías y de la investigación judicial son importantes para garantizar transparencia, agregó. La idea es que se haga un control de lo actuado mientras avanza la regularización.

Si después se encuentran anomalías en el proceso, Frixone señaló que las sanciones deberán aplicarse únicamente a los responsables del caso y no afectarán a todos los postulantes que han resultado idóneos (ver infografía).

Mientras en el Concejo se debatía sobre el futuro del proceso, en la Plaza Grande unos 200 taxistas y dirigentes reclamaban una pronta solución.

Usaron pancartas, tambores y megáfonos para que en la sala de sesiones se escuche su protesta por la falta de definiciones. Desde hace más de dos meses el Concejo suspendió la regularización y aún no abre la vía para que continúe.

Bolívar Cruz, quien representa a los 60 conductores de la cooperativa de taxis Unatec, señaló que el Municipio está atentando contra el derecho al trabajo de los miembros de su compañía y el resto de colegas de su gremio.

El concejal Jorge Albán indicó que es importante que las reformas a la ordenanza se realicen con plazos reales y que puedan cumplirse, para no crear falsas expectativas en el gremio del taxismo. Agregó que mientras eso se define, debe mantenerse la decisión de la AMT de no sancionar a quienes estén pasando por el proceso de regularización.

Los taxistas también reclaman una prohibición definitiva al funcionamiento de las plataformas Uber y Cabify que -argumentan- les hacen competencia desleal. Estas llevan uno y dos años en la ciudad, respectivamente.

Según Uber, hasta julio se registraron más de 160 000 usuarios en Quito y se brindó el servicio a ecuatorianos y a visitantes de 71 países.

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